El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) autorizó este lunes la salida de Enjoy de la operación del casino de Viña del Mar, administrado a través de la sociedad Casino del Mar S.A. La decisión se suma a las renuncias previamente aprobadas en Coquimbo y Pucón, que habían sido autorizadas el pasado 6 de agosto.
Los permisos, otorgados en 2018 con una vigencia de 15 años, terminarán ocho años antes de lo previsto, es decir, en 2025 y no en 2033. El voto a favor fue respaldado por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo; y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein. En contra se pronunció el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, mientras que la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, se abstuvo.
Según cálculos de la SCJ, con base en los ingresos generados en 2024, la decisión permitirá recaudar en los próximos tres años más de $65.459 millones, distribuidos en $29.167 millones por impuesto al juego, $27.709 millones por IVA y $8.582 millones por entradas. La Municipalidad de Viña del Mar seguirá recibiendo la oferta anual garantizada de 831.123 UF.
Tras la renuncia de Enjoy, deberá abrirse un nuevo proceso de licitación en Viña del Mar, al igual que en Coquimbo y Pucón. Entretanto, la empresa seguirá operando bajo las mismas obligaciones económicas y legales durante los tres años de transición.
La alcaldesa Macarena Ripamonti criticó duramente la resolución, acusando trato desigual en la industria de casinos y cuestionando que la SCJ haya permitido a Enjoy continuar pese a su insolvencia conocida desde hace años. Además, advirtió que desde 2028 no hay certezas sobre los ingresos municipales y emplazó al gobierno a fijar una oferta mínima garantizada y a adjudicar una nueva licencia este año.
La SCJ explicó que la votación en Viña del Mar se postergó inicialmente a petición del gobernador Mundaca para revisar antecedentes técnicos. En su memoria 2024, Enjoy atribuyó sus dificultades a las altas ofertas económicas presentadas en 2018 para renovar licencias, calificándolas como “insostenibles” para cualquier operador. (Red NP-Pulso)
