Si bien el Ministerio de Educación reconoce la necesidad de un modelo de financiamiento integral, es injusto atribuir al nuevo sistema una crisis que se gestó por décadas. Durante años, algunos municipios del país acumularon compromisos financieros que sobrepasaban ampliamente los ingresos por subvenciones que recibían estas entidades, generando una brecha estructural millonaria.
En el caso de Magallanes, los convenios colectivos firmados bajo diversas gestiones municipales incrementaron significativamente los costos laborales, comprometiendo la viabilidad financiera e inclusive mejoras salariales posteriores al traspaso, siendo esta asignación descontada actualmente a la Municipalidad de Punta Arenas por un monto de $3.387.465.964, y la Municipalidad de Natales, por un monto de $1.212.571.622.
Desde enero de 2024, cuando el SLEP de Magallanes se hizo cargo de la educación en la región, se ha hecho todo lo posible para enfrentar este escenario adverso con los recursos disponibles. En efecto, con la asignación desde el nivel central por un monto de $ 21.979 millones para déficit, el que es necesario para cubrir el déficit municipal traspasado, el SLEP ha gestionado el sistema con la máxima responsabilidad, asegurando la continuidad educativa y evitando un colapso total, a pesar del déficit de flujo de caja.
Hoy en los SLEP se pagan regularmente los consumos básicos, cotizaciones previsionales y de salud de las y los trabajadores de la educación, algo que no ocurría anteriormente. Estar al día con estas obligaciones representa uno de los grandes avances de la nueva educación pública.
En medio de esta discusión no podemos perder de vista lo esencial: los profesores de Magallanes deben retomar sus labores en aula, cumpliendo no solo con sus obligaciones contractuales, sino también con el compromiso ético que sostiene la educación. (El Mercurio)
Rodrigo Egaña
Director de Educación Pública
