Esta semana, la Comisión de Salud del Senado terminará de escuchar a los expositores sobre el proyecto de ley de eutanasia, para luego votarlo en general. Sus promotores han enfatizado dos argumentos: el largo tiempo que lleva en el Congreso y el alto apoyo ciudadano, según distintas encuestas. Hay que hacer un doble click.
El origen del actual proyecto de ley de eutanasia se remonta a cuatro iniciativas de diputados: una de 2011, otra en 2014 y dos en 2018. Todas ellas fueron refundidas en agosto de 2018, aprobándose por la Cámara y despachándose al Senado en abril de 2021. En cuatro años, el Senado solo ha destinado 10 sesiones para su revisión (cinco en 2021, ninguna en 2022 y 2023, 2 en 2024 y 3 en 2025), lo que totaliza apenas cuatro horas de discusión en los últimos dos años. Que un proyecto lleve varios años en el Congreso no significa que se discutió con profundidad. Es evidente que no ha existido un debate serio y profundo, en comparación con otros temas vitales y profundamente delicados. El Gobierno apura al Senado, buscando legislar a matacaballo.
El segundo argumento apunta a las encuestas ciudadanas. Partamos reconociendo que los ciudadanos no son infalibles y se pueden equivocar: el nivel de apoyo o rechazo ciudadano a una medida no dice nada sobre su licitud o ilicitud. Hay medidas controvertidas con gran apoyo ciudadano, pero de ello no se sigue que deban legalizarse o apoyarse: 65,7% repondría la pena de muerte (Signos; mar., 2025); 70% prefiere tener seguridad sobre libertad (Criteria; nov. 2022); 88% apoyaba un segundo retiro del 10% (Pulso; nov., 2020).
Además, la opinión puede cambiar, especialmente si se trata de mediciones a largo plazo: ¿un joven sano que apoya la eutanasia a los 18 o 25 años tendrá la misma opinión cuando sea un adulto mayor de 70 años? ¿Acaso no ha cambiado la opinión ciudadana en temas como apoyo a la migración o retiros de AFP, considerando especialmente los efectos que han tenido? Si se aprueba la eutanasia porque hoy tiene apoyo ciudadano, ¿se podrá revertir si la opinión cambia el día de mañana? No es responsable legislar basándose en encuestas.
Los encuestados pueden estar apoyando algo con lo que en realidad no creen y la aprobación real a la eutanasia sea mucho menor. Un estudio canadiense de 2007 mostró que los encuestados confundía la eutanasia con el retiro de tratamientos (66%), con la provisión de analgésicos que alivian el dolor que también aceleraran la muerte (49%) y con la suspensión del tratamiento (38%). Muchas encuestas no definen lo que es la eutanasia ni se explica cuando se ocupan eufemismos como muerte anticipada/digna/asistida o solicitar/recibir asistencia médica para morir. Es decir, «si la formulación de qué es eutanasia no es precisa, es más probable que los encuestados confundan términos y declaren apoyar algo en lo que en realidad no creen» (Suazo, Un atajo hacia la muerte, p. 26).
Por otro lado, en las encuestas no se pregunta por una opción para aliviar el sufrimiento distinta de la eutanasia, sino que lo reducen a apoyar o rechazar la eutanasia, provocando que los encuestados entiendan, como advertía Houellebecq, que se les pregunta si preferirían que les ayudaran a morir o pasar el resto de su vida en un sufrimiento terrible. Las encuestas no incluyen la alternativa de los cuidados paliativos. Sea porque ignoren su existencia de los cuidados paliativos o no este en las alternativas de respuesta, la aprobación de la eutanasia, como “salida” al dolor, es mucho más alta de lo real.
¿Quiénes responden las encuestas? ¿Enfermos terminales y/o incurables? Las encuestas no detallan el estado de salud de los encuestados, pero difícilmente serán personas que están en situaciones de enfermedad terminal y con dolores insoportables. Los estudios revelan que los pacientes que entran a unidades de cuidados paliativos solicitando la eutanasia, luego de un tiempo, desisten de esta idea: el dolor se alivia, la soledad se reemplaza por el acompañamiento. Si los sanos deciden por los enfermos Chile retrocede a la ley del más fuerte imponiéndose sobre el más débil.
Además, algunas encuestas revelan que los sectores socioeconómicos más vulnerables y los grupos de mayor edad son los que menos aprueban la legalización de la eutanasia: el sector D-E (68,5%) tiene 10,1 puntos menos que el sector ABC1 (78,6%); los de 51 años o más (57,4%) tienen más de 20 puntos de diferencia con los de 18 a 30 años (84,4%) (Pulso Ciudadano; junio, 2025).
Esto es especialmente relevante, porque las causales de eutanasia del proyecto de ley y de las indicaciones del Ejecutivo (prácticamente, eutanasia libre) están muy lejos de coincidir con los supuestos de las preguntas de las encuestas, y, en el fondo, con las convicciones reales de los chilenos. (El Líbero)
Roberto Astaburuaga
