El 18 de mayo de 2020, Alejandro Correa fue asesinado por un sicario colombiano, en Concón. En 2019, había iniciado acciones legales contra Renato López Fuentes. Éste usurpó un terreno de su propiedad, ubicado en Quilpué y, debido a tales acciones, lo mando a matar.
En octubre de 2021, Luis Alarcón Cáceres fue formalizado por loteo irregular, y acusado de encabezar la toma del terreno perteneciente a Correa. Según declaraciones de Valentina Correa, tras el asesinato de su padre, ésta fue creciendo, sin que su familia pudiese recuperarlo: “Con los retiros de las AFP las construcciones no sólo se multiplicaron, además incorporaron paneles solares, estanques de agua, huertos”.
El 27 de agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por la familia de Alejandro Correa, y ordenó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso “ejecutar la orden de paralización y demolición” de las construcciones levantadas en el terreno usurpado.
En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada “estableció el actuar ilegal de la autoridad recurrida al no ejecutar la orden de demolición que emitió en junio de 2021”. Además, “durante tres años la recurrida no ha notificado dicho acto administrativo terminal, lo que no puede estimarse permitido por ninguna facultad discrecional”.
Peor aún, “la referida omisión ilegal ha significado una afectación a las recurrentes en su garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que la negativa de la recurrida a ejecutar su resolución exenta N° 1000, de 2021 (…) ha supuesto para aquéllas un infundado trato discriminatorio”, frente a casos similares (pjud.cl, 28. 8. 24).
El 14 de agosto de 2025, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo dictó la orden de demolición. Según la abogada de la familia, Jeanette Bruna, los fondos destinados a su ejecución fueron puestos a disposición un día después de la presentación de una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso, y de una reunión con la contralora Dorothy Pérez, debido al incumplimiento de aquélla.
A fines de agosto de 2025, el MINVU informó que el desalojo y la demolición están programados para las primeras semanas de septiembre, pero no existe aún una notificación indicando el día y la hora precisas.
Dilaciones infernales han obstaculizado el cumplimiento de dicha orden: la insistencia del Estado en traspasar la responsabilidad a las víctimas, pretendiendo que se trata de un problema entre particulares, y la defensa, presentada en la corte y rechazada, que apelaba al desalojo como condición para la demolición, endosada a la familia. El SERVIU, encargado de su ejecución, usó la misma excusa, invocando el “protocolo de Derechos Humanos de la Excelentísima Corte Suprema”.
Esto no sólo contraviene la orden dictada. Además, constituye un castigo para los propietarios por el hecho de ser tales, cuyas motivaciones de fondo son ideológicas. En una carta publicada por El Mercurio, a comienzos de agosto de 2025, Valentina sostuvo: “Todo indica que este gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado la desesperanza entre los ciudadanos”.
Efectivamente, esta orden es inconveniente, con vistas a las próximas elecciones: el Estado ha sido incapaz de solucionar la crisis habitacional. Los casos del megaincendio de 2024 y la instalación de la megatoma de San Antonio son una demostración de su incompetencia. Tampoco ha reconocido, de modo consistente, la realidad de la penetración del crimen organizado, predominando la falta de prevención y la procrastinación, la frivolidad, la desidia y la negligencia –que también son causas del mal.
Pero la situación más obscena es que los usurpadores se instalaron en un terreno, por el cual Alejandro Correa fue asesinado, cuando intentó recuperarlo legalmente. Aquéllos consultaron, incluso, si la familia estaba dispuesta a venderles una parte. Pero esta opción fue descartada. Según Valentina: “Esas personas viven en un terreno que está manchado con sangre; ellos, indirectamente, son cómplices de un crimen. (…) se han aprovechado de la impunidad que les ha dado el Estado y (…) de la tragedia de mi familia”.
En razón de su larga agonía, este caso constituye un microcosmos que sintetiza el convulsionado devenir de Chile, en su peligrosa deriva como Estado fallido a partir de la asonada de octubre de 2019: la larga incubación de esta maldad, violencia y perversión, manifiestas y consolidadas bajo el actual gobierno; la peste; el retiro de fondos de las AFP; el avance del crimen organizado y sus consecuencias, cuando recién comenzaba a expandirse.
En efecto, uno de sus índices fue el asesinato de Alejandro Correa por un sicario, en 2020, que dio origen, sustento y oportunidad a la toma que el Estado se ha negado a desalojar y demoler.
Tal como afirma su abogada, la familia Correa ha sido víctima de una narcotoma. Esta realidad no corresponde a la imagen idealizada de las tomas ocurridas en la década de 1960, sino al tráfico de suelos, vinculado al crimen organizado, que abarca, entre otras actividades, la ocupación ilegal de terrenos y el loteo irregular.
La familia Correa espera que el Estado de derecho sea respetado. Pero, si los propios entes estatales no acatan los fallos judiciales, ¿qué será de este país? ¿Espera el Estado que, en lo sucesivo, éstas y cualesquiera otras víctimas “negocien” con los usurpadores, bajo amenaza de muerte?
Suman y siguen los signos y encarnaciones de un Estado fallido, cuya naturaleza es la corrupción, la impunidad, la descomposición social, la indefensión, el terror, y la inviabilidad de todo proyecto de vida que no se postre ante los falsos prestigios del crimen organizado.
Todos estamos en peligro. (Ex Ante)
Lucy Oporto
