El gobierno apenas ha superado las dos semanas de ejercicio, pero, a juzgar por las reacciones que ha provocado, bien podrían ser dos meses o dos años. El dinamismo político puede ser una buena señal, la señal de que el país se mueve y ese movimiento significa avance. Pero un movimiento puede ser también de retroceso y, aún más, sólo una ilusión y no existir realmente; algo como lo que la Reina Roja revelaba a Alicia en su visita al país de las maravillas: que, para permanecer en el mismo lugar, hay que correr lo más rápido posible.

Desde luego el gobierno ha corrido y rápido. Durante esas dos semanas mostró que eran reales sus anuncios de que mientras el resto de nosotros nos íbamos de vacaciones, ellos se preparaban para comenzar su trabajo desde el primer día. La oposición y algunos medios de comunicación reaccionaron enojados, acusándolo de “saturación comunicacional”, pero sería injusto negarlo: se han tomado decisiones con una velocidad que, si algo muestra, es determinación… y también carácter, un rasgo que la noche de su arribo al poder José Antonio Kast destacó como aquel que deseaba imprimirle a su gobierno.

El carácter ha quedado plasmado en las decisiones. La que más reacciones ha provocado ha sido la de no aplicar el Mecanismo de Estabilización del Precio de Combustibles (MEPCO). Una medida forzada, no contemplada en sus planes -y probablemente en los de nadie- que puso al gobierno en la disyuntiva de tomar una decisión impopular pero que le permitiría mantener destinados unos recursos limitados a unos fines que considera prioritarios. La otra opción era inclinarse por una decisión que le aseguraría resultados positivos en encuestas o la mantención de apoyos políticos dudosos, pero que lo llevaría a una situación financiera deficitaria. La decisión es conocida y hoy los analistas especulan acerca de si el ministro Quiroz tendrá “espalda política” como para aguantar lo que viene, mientras que a él ese riesgo parece no importarle mucho.

De igual naturaleza es la decisión de reducir el impuesto corporativo. La decisión refiere a la teoría de que una reducción del costo de la inversión traerá consigo, en un mediano o largo plazo, crecimiento económico. El fin declarado es absolutamente plausible: todos desean crecimiento económico (bueno, no todos, entre los seguidores del gobierno anterior había quienes se manifestaban en contra de él). Pero, al mismo tiempo, no puede haber una medida con más mala prensa: se trata, derechamente, de bajarle los impuestos a las empresas (o a los empresarios, o a los ricos, los malos de la película en cualquier película). Sin embargo, era lo prometido en el programa y el presidente y su gabinete no se han movido un centímetro de ahí, a pesar de que no les traerá ni un solo nuevo adherente y, según las primeras encuestas post 11 de marzo -que ya muestran más desaprobación que aprobación- les está haciendo perder a muchos de los que los votaron en las pasadas elecciones.

Aparentemente sin obstáculos que se atraviesen a su paso, el gobierno actúa fiel a su carácter cada vez que es demandado, como cuando fue requerido para pronunciarse sobre la definición institucional de “género” en las Naciones Unidas o cuando decidió el retiro del apoyo a la candidatura de Michel Bachelet, que venían anunciando desde la campaña. De hecho, las críticas y correcciones más severas a sus actos han procedido del propio gobierno, como ocurrió cuando el joven Cristián Valenzuela, quizás eufórico por la velocidad alcanzada (los expertos dicen que la velocidad suele provocar reacciones de euforia) y aparentemente sin tener idea del significado del concepto “quiebra”, lo hizo correr por medios y redes sociales e intentó obligar a autoridades de gobierno a repetirlo para justificar la decisión relativa al MEPCO. La reacción provino de sus mayores, los ministros Quiroz y Alvarado y de la presidenta del Banco Central, quienes, discretamente, le dijeron que se dejara de decir tonteras; incluso la contralora general de la República ofició al gobierno para que informe y explique el “sustento fáctico” de esas… tonteras.

La oposición tampoco se ha quedado quieta, es verdad, pero sus movimientos mayoritariamente no son del tipo que puedan detener al gobierno y, mucho menos, del que pueda traer de regreso un debate nacional serio. Desde la trinchera del Frente Amplio se han limitado a cubrir de epítetos al gobierno: “nazi”, “fascista”, “gobierno de los ricos” y de peticiones de renuncia al ministro Quiroz y aún al Presidente Kast. El PC, más ordenado y con más recursos, ha promovido cacerolazos y marchas y ha sacado a sus niños a la calle a vandalizar el Metro e intentar volver a destruir la Plaza Baquedano. La “izquierda democrática”, por su parte, asumió inicialmente lo que se puede clasificar como “microgestión republicana”, bien ejemplificado en el oficio a la Contraloría por una cuestión tan importante como el uso de guantes por la primera dama. Se trata de iniciativas que requieren tiempo y vocación por el detalle -en el momento de escribir estas líneas el diputado Manucheri todavía seguía redactando su importante oficio- aunque no está claro cómo contribuyen a estructurar un diálogo nacional sobre los verdaderos problemas del país.

Para dar lugar a ese diálogo, en lugar de la diatriba o la violencia callejera, la oposición, y específicamente el “socialismo democrático”, debería ser capaz de oponer a las decisiones del gobierno sus propias proposiciones de solución a los problemas que éste plantea. Con relación al MEPCO, por ejemplo y si ese fuera su punto de vista, haber propuesto endeudamiento para substituir los ingresos no percibidos por la aplicación de ese instrumento; o la utilización del Fondo de Estabilización Económica y Social o quizás, si así lo creyeran, plantear sin rubores al déficit como el necesario costo de la aplicación del MEPCO. Eso o aquello en lo que crean y que puedan presentar como una opción política más allá de los oficios del diputado Manoucheri o de las dramáticas invectivas de la senadora Cicardini. Y algo similar podría ocurrir con la propuesta de reforma tributaria: si la oposición rechaza la medida que se propone aplicar el gobierno, debería proponer como alternativa otra proposición para estimular el crecimiento: quizás elevar los impuestos a las empresas o a los más ricos y con los recursos recaudados alimentar planes estatales de crecimiento; o llanamente aumentar la deuda pública para financiar esos planes. Esas serían opciones para el país y nos podrían traer de vuelta el debate y las soluciones nacionales. Porque las ideas o proposiciones del gobierno deben ser desafiadas en el debate público (“falseadas” diría Popper) con otras ideas o proposiciones para comprobar su calidad o para buscar su modificación mediante la negociación y los acuerdos, no con alardes histriónicos o la pedrada callejera.

La primera impresión a la que podría arribarse de todo esto es que, a pesar del dinamismo mostrado por el gobierno y la oposición, el movimiento es ilusorio y que estamos viviendo en un país de dudosas maravillas en que nos movemos mucho para permanecer en el mismo lugar, un lugar en que la verdadera política está ausente o quizás peor, en el que la política del PC se esté imponiendo y estemos retrocediendo a los días del “estallido” social.

Sin embargo, en medio de ese páramo parecen surgir unos tiernos brotes de racionalidad que podrían estar revelando que sí existe la posibilidad de movernos hacia un futuro en que el debate, la negociación y el acuerdo político estén al mando de las cosas. Porque también ocurrió en esas dos semanas que, aún en medio de feroces improperios en la sala, ¡y en los pasillos del Congreso! El ministro Quiroz logró en menos de cuarenta y ocho horas y sin ningún voto en contra en el Senado, la aprobación de la Ley que el mismo gobierno había enviado al Congreso para mitigar el aumento del precio de los combustibles. Y para lograrlo debió negociar y aceptar significativas ampliaciones al proyecto original, que se extendió para favorecer, entre otros sectores, al transporte escolar y a las pymes.

El episodio es alentador. Demuestra que la política aún existe y que podemos seguir confiando en ella. Y quizás más importante que la demostración del ministro Quiroz de que sí puede negociar cuando es necesario, fue el gesto de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que en un acto inédito y más que revelador, frenó la exhibición pueril y circense de una senadora de su propio partido que quizás intentaba boicotear esos acuerdos y volver la política al fango de donde intenta salir.

Sigamos confiando, pues, que Chile no es el país de la Reina Roja. (El Líbero)

Álvaro Briones