Para nadie es una novedad que la sociedad chilena está severamente fracturada. Los fenómenos históricos casi simultáneos del estallido feminista, la ola migratoria y el estallido de 2019 agudizaron conflictos que arrastrábamos desde hacía mucho tiempo, y tensaron el ambiente hasta una crispación que el país no había visto en décadas. En el imaginario de ciertos sectores de la izquierda y de la Convención el conflicto que vivimos podría ser sencillamente superado con políticas sociales e identitarias, y utilizando redes sociales para dirigir acusaciones de racismo, xenofobia, transfobia y otras fobias. Pero la realidad suele ser más rebelde, y estamos aún muy lejos de ver la unidad necesaria en el tejido social del país.
Aunque la Convención imagine un futuro de unión, tras los artículos que ya forman parte del borrador se vislumbra el efecto contrario. Buena parte de la extensa lista de disposiciones que muchos convencionales quisieran ver reflejada en la nueva Carta Magna podría sintetizarse en dos objetivos fundamentales: expandir lo más posible un Estado de bienestar y, a la vez, impulsar un reconocimiento de la pluralidad de identidades e historias que puedan existir en el país, idealmente dando ventaja a las que consideran marginadas.
Dentro del primer eje podrían comprenderse los artículos ya aprobados, como el compromiso a proveer servicios públicos universales y de calidad, o establecer el derecho a una vivienda digna. La postura reacia que la Convención ha adoptado respecto de garantizar la no expropiación de los fondos de pensión también se encuadra en este objetivo.
Por otro lado, los artículos referentes a las medidas afirmativas de participación de grupos históricamente excluidos, en especial disidencias sexogenéricas, autonomía territorial y judicial indígena, o la definición de plurinacionalidad del país, van en línea con políticas identitarias.
La Convención parece pensar que, una vez aprobado el texto, se lograría un estado general deseable de cohesión social. Orientada a conseguir derechos, la Constitución lograría el reconocimiento de todas las identidades y la eliminación de toda suerte de inequidades al garantizar el acceso a bienes que se les deben a todos en justicia. Solo entonces se logrará la amistad cívica que anhelamos.
Con todo, la Convención incurre aquí en una suerte de petición práctica de principio. Para poder lograr la cohesión social que busca mediante el fortalecimiento de los servicios estatales, necesita antes una cohesión social tal que asuma de buen grado la solidaridad que se requiere para poner en marcha sus políticas públicas. El énfasis en los derechos individuales y las políticas interseccionales no colabora en el objetivo de conseguir esa unidad primaria.
Por ejemplo, mal podría sentirse un chileno dedicado a la industria maderera o de transportes inclinado a aportar activamente con sus impuestos para mejorar la calidad de vida de los indígenas con los que comparte oficio si no comparte con ellos justicia ni, en estricto rigor, territorio. Si logra detectar el modo de evadir impuestos sin consecuencias, ¿podrá sucumbir a la tentación de hacerlo?
Aunque esta cruda realidad ya existía desde antes, podría acentuarse más si se horadan los ya debilitados vínculos que se tienen con los compatriotas: la solidaridad depende de ellos.
Este ejemplo puede llevarse de modo análogo a otros campos identitarios. ¿Por qué —podrían empezar a preguntarse muchos— debo colaborar con el bienestar de otro que de alguna manera me es hostil?
El dificilísimo escenario que tuvo que enfrentar el Gobierno ante el quinto retiro no fue sino el resultado de intentar compatibilizar su agenda social con años de discurso centrado en el individuo. Este escenario podría volverse permanente y paralizante si se solidifica en la nueva Constitución, y si antes no se ha buscado amistad cívica y una solidaridad real y efectiva entre compatriotas. No por nada advertía Tocqueville que el individuo y el ciudadano no se llevan demasiado bien. Por eso es necesario, en primer lugar, que chilenas y chilenos se reconozcan tales por compartir territorio, sistema político de representación, ciudadanía, e igualdad ante la ley, sin ventajas por causa de su etnia o su género.
Gabriela Caviedes
Dra. en Filosofía-Signos-U. de los Andes
