La controversia por la norma que establece plazos para reponer servicios básicos a clientes con deudas en zonas bajo estado de catástrofe volvió al Tribunal Constitucional (TC). La Asociación de Empresas Eléctricas y la Asociación de Empresas de Gas Natural presentaron escritos separados para cuestionar la disposición incluida en el proyecto de Reconstrucción.

La acción de los gremios se produce luego de que el TC rechazara el requerimiento de inconstitucionalidad presentado previamente por el Gobierno y de que el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, descartara impulsar una ley corta para modificar la normativa.

Las asociaciones buscan ahora que sus argumentos sean considerados en el control obligatorio de constitucionalidad que el Tribunal mantiene pendiente respecto del proyecto de Reconstrucción. Ambos gremios ya habían presentado documentos ante el TC durante la revisión del requerimiento promovido anteriormente por el Ejecutivo.

La disposición cuestionada establece que, en zonas declaradas bajo estado de catástrofe, las empresas deberán reponer los servicios de electricidad y gas en un plazo máximo de 48 horas a clientes que mantengan deudas. Para los servicios de agua potable y alcantarillado, el período fijado es de 24 horas.

Según los argumentos de las empresas eléctricas, la norma presentaría vicios de constitucionalidad debido a que regularía materias vinculadas con los estados de excepción que, conforme a su interpretación del artículo 44 de la Constitución, deberían ser abordadas mediante una ley orgánica constitucional.

El gremio sostiene que la disposición fue aprobada con el quorum correspondiente a una ley común, pese a que, según su planteamiento, requería un quorum reforzado y el control previo y obligatorio del Tribunal Constitucional.

Las eléctricas también argumentan que la obligación podría afectar derechos de las compañías concesionarias, entre ellos el derecho de propiedad, la igualdad en la distribución de las cargas públicas y la libertad para desarrollar actividades económicas. A ello suman que la normativa no contempla, según sostienen, un mecanismo de compensación.

Las empresas de gas natural formularon reparos similares y relacionaron la discusión con el debate que actualmente existe sobre los alcances de los estados de excepción. El gremio pidió al TC evitar que una disposición aprobada como ley simple pueda regular restricciones de derechos aplicables durante situaciones de emergencia si no cuenta con el quorum constitucional que, a su juicio, corresponde.

Con estas nuevas presentaciones, las compañías buscan mantener abierta la discusión jurídica sobre una norma que había quedado encaminada después del rechazo del requerimiento del Ejecutivo, trasladando ahora la controversia al control obligatorio de constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción. (NP-ChatGPT-Emol)