Empresas eléctricas y de gas manifestaron reparos a la norma que obliga a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes, advirtiendo que los plazos establecidos podrían dificultar la respuesta ante emergencias, comprometer condiciones de seguridad y generar mayores costos que eventualmente se trasladarían a las tarifas de los usuarios.
El artículo 31 de la Ley de Reconstrucción Nacional, cuya constitucionalidad fue respaldada por el Tribunal Constitucional por nueve votos contra uno, establece que las distribuidoras deberán restablecer sin costo el suministro a clientes residenciales y mipymes cuyo servicio hubiese sido suspendido por falta de pago antes de producirse la catástrofe.
La disposición fija un máximo de 48 horas para la reconexión de los servicios de electricidad y gas, mientras que para agua potable y alcantarillado establece un plazo de 24 horas. Aunque inicialmente surgió la posibilidad de impulsar una ley corta para modificar estas condiciones, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó por ahora abrir una nueva discusión legislativa.
Uno de los principales cuestionamientos proviene de las empresas eléctricas, que advierten que durante una catástrofe las mismas cuadrillas encargadas de reparar postes, líneas, transformadores y otras instalaciones dañadas tendrían que destinar parte de sus recursos a reconectar individualmente a clientes que mantenían suspendido el suministro desde antes de la emergencia.
Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, sostuvo que esta exigencia podría retrasar la recuperación del servicio para quienes efectivamente hayan quedado sin electricidad como consecuencia directa de la catástrofe. También señaló que obstáculos como caminos bloqueados, redes destruidas o instalaciones inaccesibles pueden hacer materialmente imposible cumplir el plazo establecido.
El sector eléctrico cuestiona además que la legislación aplique un mismo límite de tiempo independientemente de la magnitud de la emergencia. Según la industria, las condiciones para restablecer un servicio pueden variar sustancialmente dependiendo de los daños registrados y del estado de la infraestructura.
En el caso del gas natural, las empresas plantean dificultades adicionales relacionadas con la seguridad. La Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) advirtió que una reconexión exige comprobar previamente las condiciones de las instalaciones para evitar fugas u otros riesgos asociados al ingreso de combustible a una red eventualmente dañada.
Entre las medidas de seguridad necesarias se encuentran la inspección de las instalaciones, pruebas de hermeticidad y revisión de artefactos, además del cumplimiento de otros procedimientos antes de habilitar nuevamente el suministro. Para la asociación, imponer un plazo uniforme de 48 horas podría generar una incompatibilidad entre el cumplimiento de la ley y las verificaciones técnicas requeridas.
La industria del gas también cuestiona las prioridades que establece la norma durante una emergencia. A su juicio, los equipos especializados deberían concentrarse inicialmente en controlar daños, fugas y otros peligros en las redes, además de asegurar el suministro de infraestructura crítica como hospitales, cárceles y albergues, antes de efectuar reconexiones individuales vinculadas a deudas anteriores.
Otro punto de preocupación corresponde a las compensaciones previstas en caso de incumplimiento. Las empresas sostienen que podrían enfrentar sanciones incluso cuando las condiciones provocadas por la propia catástrofe hagan técnicamente imposible efectuar una reconexión dentro del plazo y en condiciones seguras.
A estas objeciones se suma el eventual impacto económico de mantener permanentemente una capacidad operacional suficiente para responder dentro de las 48 horas. Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, advirtió que financiar una cantidad considerablemente mayor de cuadrillas podría terminar reflejándose en las tarifas eléctricas.
Según el académico, el propósito de proteger a los usuarios afectados resulta atendible, pero la regulación no incorporaría adecuadamente las dificultades prácticas que surgen durante una catástrofe. Mantener el estándar, afirmó, podría provocar tanto problemas de cumplimiento y seguridad como un aumento de los costos necesarios para disponer de mayor capacidad de respuesta.
Desde las empresas de servicios básicos han planteado como alternativa una modificación legal que mantenga el objetivo de facilitar las reconexiones, pero diferencie los procedimientos administrativos de las verificaciones técnicas de seguridad.
Como precedente, el sector menciona una resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles adoptada después de los incendios de Valparaíso, mediante la cual se flexibilizaron determinados trámites administrativos sin eliminar los controles destinados a garantizar una reconexión segura.
Entre los cambios propuestos figuran establecer reglas diferenciadas para gas, electricidad y agua; sustituir los plazos rígidos por criterios que consideren las condiciones de seguridad; mantener las verificaciones técnicas obligatorias; dar prioridad a los servicios críticos y limitar las compensaciones a los casos en que el incumplimiento sea atribuible efectivamente a la empresa. Sin embargo, el Ejecutivo señaló que no impulsará por ahora una nueva discusión legislativa sobre la materia. (NP-ChatGPT-Emol)