La creciente judicialización de proyectos de inversión volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones del sector privado, luego de que iniciativas que ya contaban con aprobación ambiental enfrentaran nuevas impugnaciones. Entre los casos recientes figuran un proyecto minero de US$ 3.200 millones de Collahuasi, paralizado parcialmente por un tribunal ambiental tras una reclamación de organizaciones comunitarias, y el desarrollo inmobiliario Maratué, nuevamente recurrido después de siete años de tramitación y de haber obtenido su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Representantes del sector empresarial sostienen que, si bien la participación ciudadana es un elemento esencial del proceso de evaluación ambiental, la incertidumbre respecto de los plazos, las reclamaciones y la judicialización continúa afectando el desarrollo de nuevas inversiones y dificulta el objetivo del Gobierno de reactivar la economía.
Desde el mundo privado también advierten sobre la existencia de incentivos para promover impugnaciones contra proyectos, señalando que algunas comunidades o grupos organizados utilizan estos mecanismos para retrasar iniciativas o presionar por acuerdos económicos. Incluso, ejecutivos del sector reconocen que algunos titulares de proyectos han optado por realizar pagos para destrabar conflictos y evitar nuevas paralizaciones.
Otro de los aspectos planteados es el uso reiterado de observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental. Estudios elaborados por la Sofofa detectaron cientos de presentaciones realizadas por las mismas personas, algunas ingresadas en lapsos muy breves, situación que, según el gremio, evidencia la necesidad de perfeccionar los procedimientos de participación.
Frente a este escenario, el sector privado sostiene que las reformas a la denominada “permisología” y al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) deben complementarse con medidas que otorguen mayor certeza jurídica, mejoren los procesos de participación ciudadana y limiten los plazos de las reclamaciones judiciales. En esa línea, el Gobierno trabaja en planes piloto para fortalecer las líneas base de los proyectos y en iniciativas destinadas a acotar los tiempos de impugnación. (NP-ChatGPT-El Mercurio)