En la columna “Estado y arquitectura” (30 de diciembre de 2024) exponíamos cuatro dificultades capitales en torno a las licitaciones públicas de arquitectura y planteábamos posibles soluciones, concluyendo que “…la decisión del Estado de Chile de privilegiar la licitación por sobre el concurso de ideas o anteproyectos ha llevado en muchas ocasiones a la disminución de la calidad de la arquitectura pública”.
El estado de la arquitectura pública en Chile es crítico, y la experiencia acumulada en el tiempo nos lleva a calificar el trabajo de los estamentos públicos como displicente. Chile tiene una tradición de concursos de obras públicas de excelencia, contra la que la burocracia actual atenta.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) nos exige a los arquitectos, y está muy bien que lo haga, inscribirnos en categorías para poder optar a trabajar y diseñar los edificios públicos del Estado. Lo contradictorio es que luego, en cada licitación, pida una serie de antecedentes de los que ya dispone, y los evalúe en cada instancia con distintos criterios no estipulados de manera clara. Eso es, por lo menos, displicente, y atenta definitivamente contra la calidad de la arquitectura y nuestras ciudades.
Dejan así fuera a equipos completos (de arquitectos que ya cumplieron con las exigencias de categoría fijadas por el mismo MOP); por no entregar antecedentes que no son requeridos de forma explícita. No otorgan, por ejemplo, al menos un checklist, lo que dejaría en evidencia cierta quién cumple y quién no.
Además, no existe una instancia de aclaración o revisión. Esa actitud, que es difícil de entender, priva al Estado de tener más opciones y, a la larga, de poder evaluar cuál es el mejor proyecto para una obra futura. No me atrevo a señalar, y por lo demás, no creo que existan, malos hábitos; pero sí displicencia.
No pedimos aquí empatía con los arquitectos, sino con el Estado (y con este, con la ciudadanía entera), al que están perjudicando, dejando fuera de carrera a equipos sin siquiera revisar su propuesta arquitectónica. Otros arquitectos se autoexcluyen, con razones fundadas, escapando de esta burocracia absurda.
Es llamativo y triste, por ejemplo, que en las últimas licitaciones no hayan participado arquitectos que han sido destacados como premios nacionales de arquitectura; talento y calidad que el Estado chileno está desperdiciando al privilegiar la burocracia por sobre la arquitectura y la cultura que Chile requiere de forma urgente recuperar.
El Estado debe velar por la buena calidad de la arquitectura y las ciudades, ya que esta es un derecho. Y para que la arquitectura y las ciudades sean de calidad, se requiere de ética y apertura, precisando más tolerancia y entendimiento entre arquitectos y autoridades.
Hoy, ese entendimiento mutuo prácticamente no existe: los arquitectos participan escasamente de los concursos públicos, por considerar que estos son burocráticos y poco transparentes; y las autoridades, actuando así, desprecian la arquitectura, dejando de lado a equipos sin siquiera evaluar su proyecto arquitectónico, cuestión inaceptable.
Es urgente, entonces, poner a las ciudades y a los ciudadanos como prioridad, de manera de lograr las mejores obras posibles, y para eso el Estado debe tener opciones para elegir el proyecto idóneo, desde lo que realmente importa, a saber: lo arquitectónico, lo urbano, lo técnico, lo económico, etcétera. Hoy, ese mínimo que se debe garantizar no se cumple.
Sin voluntad política no hay futuro. Los buenos gobernantes en todas partes del planeta se han involucrado y comprometido en la mejora y en la excelencia de la calidad de la arquitectura, ya que entienden que esta permite que nuestra vida sea mejor. (El Mercurio)
Gonzalo Mardones Viviani
Arquitecto
