La emisión de Licencias Médicas Electrónicas (LME) de origen común mantiene una significativa tendencia a la baja en Chile. Entre enero y julio de 2026 se otorgaron 3,7 millones de permisos, cifra que representa una disminución de 16% respecto del mismo período del año anterior, según antecedentes de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
La reducción equivale a unas 722 mil licencias menos que las registradas entre enero y julio de 2025 y se produce en medio de un reforzamiento de los mecanismos de fiscalización sobre el sistema.
La tendencia comenzó a observarse previamente, pero adquirió mayor intensidad después de que el 20 de mayo de 2025 la Contraloría General de la República revelara que más de 25 mil funcionarios públicos habían viajado fuera del país durante períodos en que se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024.
A ello se sumaron medidas implementadas por la Suseso, investigaciones de la Fiscalía y acciones judiciales impulsadas por isapres contra profesionales acusados de emitir licencias fraudulentas, además de una mayor fiscalización sobre médicos considerados altos emisores.
Durante 2025 se emitieron cerca de 7 millones de licencias médicas electrónicas, lo que representó una disminución de 12,9% respecto de 2024. En términos absolutos, fueron aproximadamente 1,1 millones de permisos menos en doce meses.
Como consecuencia de esa reducción, la Suseso calculó para 2025 un menor gasto asociado al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) de $586.938 millones, equivalentes a aproximadamente US$635 millones. El monto corresponde al 18,4% del gasto registrado por este concepto durante 2024.
La institución precisó, sin embargo, que esa cifra constituye una estimación y no representa un ahorro contable efectivo, debido a que existen otros factores que inciden en el gasto, entre ellos el costo de las licencias finalmente autorizadas y los días sujetos a carencia.
La tendencia se ha profundizado durante 2026. Sobre la base de los 3,7 millones de permisos emitidos hasta julio, la Suseso estimó un menor gasto de $491.329 millones, equivalente a aproximadamente US$532 millones, respecto del mismo período del año pasado.
El organismo reiteró que esta cifra está asociada exclusivamente a la disminución en la emisión de licencias y que, por lo tanto, tampoco debe interpretarse como un ahorro efectivo o contable.
Al sumar el menor gasto estimado durante 2025 respecto de 2024 y el calculado entre enero y julio de este año, la cifra supera los US$1.100 millones en un período de aproximadamente un año y medio.
VIGIA REFUERZA FISCALIZACIÓN DE LICENCIAS
En paralelo con la disminución de las licencias médicas, la Suseso incorporó a sus procesos de fiscalización VigIA, una herramienta basada en ciencia de datos destinada a identificar comportamientos atípicos y señales de riesgo en la emisión de estos permisos.
El sistema permite analizar tanto las características de las licencias y de los profesionales que las otorgan como el contexto en que son emitidas, detectando relaciones y patrones entre diferentes actores y la información disponible en las bases de datos.
La superintendenta subrogante de Seguridad Social, Patricia Soto, explicó que la herramienta busca optimizar los recursos destinados a fiscalización, concentrando las investigaciones en comportamientos que presenten mayores señales de riesgo.
Cuando los análisis arrojen antecedentes que eventualmente puedan ser constitutivos de delitos, la Suseso los remitirá al Ministerio Público para que determine si corresponde iniciar una investigación penal.
La herramienta ya está siendo utilizada de manera activa. De las 416 investigaciones iniciadas durante 2026, un total de 211 se originaron a partir de antecedentes identificados mediante VigIA.
De esos procedimientos, 62 han terminado con sanciones que, en conjunto, representan multas cercanas a los $257 millones.
Las investigaciones también han derivado en suspensiones de la facultad para emitir licencias médicas a determinados profesionales. Las sanciones se han extendido por períodos de entre dos y seis meses, dependiendo de las infracciones acreditadas.
Además, durante julio la Suseso entregó al Ministerio Público antecedentes relacionados con 27 prestadores de salud y 122 profesionales emisores que presentaban comportamientos considerados atípicos, con el objetivo de que la Fiscalía evalúe la eventual apertura de investigaciones penales.
El desarrollo de VigIA comenzó a fines de 2023 mediante un convenio con la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda. Durante 2024 se realizó el estudio de prefactibilidad y, en 2025, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile desarrolló el modelo.
Finalmente, durante 2026 la Suseso concretó la transferencia y puesta en marcha del sistema, incorporándolo formalmente a sus procesos de fiscalización en momentos en que la emisión de licencias médicas mantiene una marcada trayectoria descendente. (NP-ChatGPT-La Tercera)