El presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, declaró el lunes 14 de marzo ante la Fiscalía Local de Puente Alto, que dirige Cristián Galdames, por el caso colusión de las papeleras. La declaración de Matte se produjo cuatro días antes de anunciar su renuncia al directorio del holding forestal que presidió durante los últimos 14 años, pero que lidera desde otras posiciones desde hace cuatro décadas. Matte declaró como testigo en la causa.
Además de Eliodoro Matte, otros actuales y ex directivos de la compañía han debido prestar declaración ante el Ministerio Público. Ayer, de hecho, lo hizo otro de los directores de la empresa que forman parte de la familia controladora: Bernardo Matte Larraín. En enero ya había ido a testificar Arturo Mackenna, ex director y ex gerente general de la firma.
CMPC se autodenunció el año pasado ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo que denunció a fines de octubre de 2015 ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la existencia de una colusión en el mercado del papel tissue. Según la FNE, la colusión involucró a CMPC y la sueca SCA -ex Pisa- entre 2000 y, al menos, diciembre de 2011.
ENREDO PROCESAL
Desde el estallido del caso, la arista penal ha avanzado con numerosos sobresaltos y los abogados de todas las partes han estado concentrado en discusiones procesales en diversas jurisdicciones. La decisión de la Fiscalía de Puente Alto abrió varias disputas paralelas.
La primera es la pretensión de la Fiscalía de obtener de parte de la FNE su expediente de investigación. La Fiscalía ha defendido la confidencialidad de los antecedentes aportados bajo el mecanismo de delación compensada y, junto al TDLC, obtuvo un fallo favorable de parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la misma discusión fue derivada más tarde por el Ministerio Público a la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que escuchó los alegatos de las partes la semana pasada y que debe fallar el 28 de marzo.
El otro debate es relativo a la competencia. Dado que el supuesto inicio de la colusión es anterior a 2005, fecha en que partió la reforma procesal penal en Santiago, un querellante pidió que el caso fuese conocido por la justicia antigua y acudió al Juzgado de Letras de Colina. Este tribunal, sin embargo, se declaró incompoetente porque el presunto delito comenzó a ejecutarse en Las Condes, fuera de su jurisdicción, por lo que derivó al caso al 34 Juzgado del Crimen de Santiago, que heredó las causas de los tribunales antiguos. Este aún no se pronuncia.
La fiscalía, en tanto, tiene tuición para investigar la colusión y los hechos posteriores al 2005.
