El senador Juan Ignacio Latorre ha solicitado dejar pendiente la moción que establece el voto obligatorio para migrantes con multas de hasta 340 mil pesos, una medida que frena el avance de la reforma electoral. Según el senador, en “ningún país del mundo” los migrantes pueden votar en elecciones presidenciales, una afirmación no del todo correcta, ya que en Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, los migrantes tienen derecho a sufragar.
Esta posición contradice el discurso histórico del Frente Amplio, que siempre se ha presentado como defensor de los derechos de los migrantes. Sin embargo, hoy prefieren que estos no voten, evidenciando una “democracia móvil”, ajustada a sus objetivos electorales. Los migrantes que han vivido años en el país, trabajan, pagan impuestos y están comprometidos con Chile, deberían tener derecho a votar. Negarles o restringirles ese derecho es inaceptable.
Además, el Presidente ha introducido modificaciones que eliminan el umbral del 5% para los partidos, una medida que favorece la fragmentación política. Es curioso ya que el Frente Amplio se unió y cumple con el umbral. Esta inconsistencia en el discurso gubernamental genera desconfianza en los resultados electorales, especialmente en un contexto de campaña electoral.
Cabe destacar que Uruguay, el único país sudamericano reconocido como una democracia plena, permite a los migrantes votar tras tres años de residencia y aplica multas considerables para quienes no cumplen con su deber cívico. Mientras tanto, en Chile, la manipulación electoral se disfraza de reformas.
¿Por qué este cambio de postura? La respuesta parece clara: la mayoría de los migrantes en Chile son venezolanos que escaparon de la dictadura de Maduro y, previsiblemente, no votarían por la izquierda. Eliminar su participación es una estrategia para controlar el resultado electoral.
Es crucial que los “disidentes electorales” del gobierno que compiten por la presidencia, particularmente referentes del Socialismo Democrático, se pronuncien ante esta manipulación. La candidata Carolina Tohá y los parlamentarios de su sector tienen la responsabilidad de defender la integridad del sistema político… si es que creen genuinamente en ello, como lo han manifestado muchas veces.
Dilatar esta reforma y manipular las reglas en pleno proceso electoral es una señal de debilidad de un gobierno que no ha logrado presentar resultados significativos. En lugar de construir un legado, optan por controlar el escenario electoral, erosionando aún más la confianza en las instituciones.
La última encuesta CEP revela que el Parlamento y los partidos políticos son las instituciones con menor credibilidad en Chile, y muestra un aumento en el rechazo al actual gobierno. ¿Será consciente de esto el senador Latorre?
La clase política debe reaccionar y garantizar que la reforma al sistema político avance sin manipulaciones, asegurando una gobernabilidad transparente y respetuosa de los derechos ciudadanos.
“La democracia no es el silencio, es la claridad en las palabras” (Enrique Tierno Galván). (El Líbero)
Iris Boeninger
