El derecho, o más ampliamente las reglas, son guías para la acción, responden la pregunta de cómo debemos comportarnos y prevén consecuencias para el caso que la conducta prevista en ellas no se ejecute. Esta caracterización es prácticamente unánime en la literatura. De ella se sigue que el derecho responde dos preguntas: ¿cuál es el comportamiento correcto?, ¿qué consecuencias cabe esperar si ese comportamiento no se lleva a cabo?
Así, frente a una conducta es perfectamente posible afirmar su incorrección y a la vez constatar que la regla que la declara incorrecta carece, sin embargo, de coacción eficaz. Es lo que cabe decir de Maduro y de Trump: ambos han obrado de manera incorrecta, aunque en ambos casos el derecho internacional no poseía medios eficaces para detenerlos.
¿Significa eso que el derecho internacional es ilusorio, inútil, un trampantojo elaborado por intelectuales, una moralina apenas capaz de formular condenas? Por supuesto que no. En él se contienen las reglas a cuya luz es posible juzgar el comportamiento de los Estados y de sus gobernantes. El derecho internacional es el esfuerzo de siglos por establecer una communis opinio acerca del comportamiento correcto en un mundo plural y secularizado. Si ese esfuerzo se abandona o se consiente que se le deforme o se le describa como inútil —ese es el peligro que hoy se experimenta—, se instituye a la fuerza como el criterio último para juzgar el comportamiento ajeno o propio.
La nueva regla sería entonces: si quiero, puedo. Pero algo así equivale a cancelar el razonamiento práctico frente al comportamiento, y aplicado a las relaciones sociales equivale a abrogar el derecho en su conjunto
¿Alguien les enseñaría a sus hijos o a sus alumnos que la máxima del obrar es: si quieres, puedes; si te es posible hacerlo, es correcto que lo hagas? (El Mercurio Cartas)
Carlos Peña
