El Tribunal Constitucional dictó un fallo esta semana que logró encender otra chispa más a la Ley de Educación Superior; esta última ingresada con tanto entusiasmo por la previa administración, pero que ya se vislumbra, por sus consecuencias, como una pesada mochila para las nuevas autoridades.
Lo curioso es que tras el dictamen, casi de inmediato llovieron las críticas. Desde las confederaciones de estudiantes, que no tardaron en llegar al edificio del TC para encadenarse y protestar, hasta los dos presidentes del Congreso, Maya Fernández y Carlos Montes, quienes declararon que el Tribunal simplemente no era un órgano representativo de la voluntad popular, pasando por la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien se adhirió a los detractores de manera pública utilizando Twitter. Todo lo cual me hizo pensar si será esta la manera como se defenderá “el legado” de ahora en adelante. ¿Con la ex Mandataria tomando el protagonismo, para hablar sobre diversos asuntos públicos, a través de Twitter, al estilo personalista de Donald Trump?
Quizás es por la forma que demostró la ex Mandataria, para intervenir y opinar públicamente sobre la última resolución del TC, que varios de sus ex asesores y ministros la han acompañado comunicacionalmente, como si siguieran ligados a La Moneda.
Puede ser que la explícita opinión de varias ex figuras de gobierno esté dictaminada por antiguas tensiones y desencuentros por fallos del TC sobre algunas reformas emblemáticas de su administración. Cómo olvidar los reiterados escándalos cada vez que el TC sentenció la inconstitucionalidad de reformas como la laboral o sobre el proyecto que deseaba entregarle mayores facultades al Sernac.
A la vez, ha sido preocupante ver que altas autoridades políticas no quieren reconocer la historia democrática y los propósitos que cumple un tribunal constitucional. El nuestro fue gestado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, disuelto en dictadura y restablecido en democracia por la transcendente función que cumple en la sociedad: servir a la Constitución de manera independiente, no para complacer al Parlamento. Es por esto que posee el mandato de ejercer un control preventivo en desmedro de la “voluntad popular”, en caso de que esta vulnere cualquiera de los derechos resguardados por la Constitución.
Tras el revuelo de esta semana, otro factor importante de resaltar fue la reacción de algunos parlamentarios de oposición, quienes advirtieron al gobierno que, si este no acoge sus demandas para reformar al TC, pondrían ciertas condiciones antes de aprobar los cinco puntos del Acuerdo Nacional promovido por La Moneda.
Sobre esto último, dos cosas: obviamente que no se esperaba que la oposición accediera a todo lo planteado por la actual administración, pero desistir del Acuerdo Nacional para ejercer presión política, no sólo resulta indebido, sino también muy poco prudente; segundo, el momento para discutir acerca de las atribuciones y configuración de esta institución no es cada vez que surge un fallo controversial, sino cuando haya transcurrido un tiempo que permita mayor perspectiva, estudio y reflexión.
Por mucho que se le quiera criticar, cuestionar o desvirtuar, el TC no es un elefante blanco. Algo que no puede decirse acerca de esas reformas que siguen en el aire, defendidas a viva voz por quienes ya dejaron de tener responsabilidades de Estado. (El Líbero)
Paula Schmidt
