En la jornada de este lunes, un profesor del Internado Nacional Barros Arana fue rociado con bencina, tras la irrupción de cinco encapuchados al recinto a las 10.30 de la mañana. Estos hechos se suman a otros que sugieren la germinación de nuevos movimientos insurreccionales en establecimientos educacionales. Este tipo de ataques, que vimos sosegados en los últimos años, parecieran estar retomándose y existen algunas autoridades que lo sugieren como un problema de “manejo” de las nuevas administraciones, intentando, así, quitarle la gravedad a estos hechos.
Este ha sido el caso de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien consideró que no se adelantaría a hacer acusaciones de ningún tipo, a pesar de la gravedad del caso. El ministro de educación, Nicolás Cataldo, a la nueva usanza del PC, afirmó, que a estos estudiantes el sistema los debe “acoger, reinsertar educar […] volver a enfocar su energía en cuestiones positivas”. Semejantes posturas románticas y pacifistas del oficialismo no son baladí. Cuando nos remontamos hace algunos años, a los inicios de las oleadas violentas en liceos, las posturas de los mismos líderes sostenían que cualquier sanción legal contra estos jóvenes era una brutalidad y no respondía al verdadero problema: la injusticia social. De hecho, hace unas semanas el exdirector de educación de la municipalidad de Santiago, Rodrigo Roco, consideró que en la discusión se estaba “inflando el conflicto”, cuando lo recomendado es trabajar con estos jóvenes y no instalar una discusión mediática (refiriéndose al actuar del alcalde Mario Desbordes). La diferencia entre la actual administración y la anterior, según Roco, es que hoy se incurre en generalizaciones contra los estudiantes y no se profundiza en un “diálogo fraterno” para la solución de problemas, como si lo lograba la otrora alcaldía de Irací Hassler.
Evidentemente, es comprensible que la mera emisión de acciones legales contra estos jóvenes (suponiendo que lo son) es insuficiente. Es claro que una buena política de reinserción es necesaria y entender estos casos en su globalidad es fundamental. Pero lo anterior no niega que estos jóvenes están cometiendo delitos graves, que ponen en riesgo a la comunidad en su totalidad. Estos ataques perjudican uno de los componentes claves para la verdadera justicia social en nuestro país, afectando uno de los espacios nucleares en nuestra sociedad. No podemos olvidar que los institutos emblemáticos se han destacado en nuestra tradición nacional por ser espacios ilustres de movilidad social, fomentando la igualdad de oportunidades desde el esfuerzo y desde el mérito. Sin embargo, las agendas ideológicas y la permisividad de gran parte de la política han despreciado la urgencia con la que necesitamos detener la cultura insurreccional en las escuelas, para proteger la seguridad y los derechos del resto de la comunidad educativa.
Con todo, no debemos dejarnos engañar. El retorno de las prácticas insurreccionales luego de un periodo de latencia, sospechosamente coincidente con ciertos ciclos políticos, no se explica simplemente por el cese del manejo milagroso de una alcaldesa en particular. Es evidente que semejantes movimientos anuncian cambios mucho más calculados de los que nos quieren hacer creer y una contra respuesta firme no debe hacerse esperar.
La educación es el principal motor del progreso, de la igualdad y la libertad individual, pero sin la defensa a la seguridad y el orden, semejantes ideales son inalcanzables. Si es que realmente buscamos una sociedad más justa, libre y próspera, el abandono hacia los alumnos y apoderados debe terminar, y el compromiso con la defensa del espacio educativo debe ser irrestricto. (El Líbero)
Antonia Russi
