Un poco temprano, porque se esperaba para después del 11 de marzo, pero bastó un fallo judicial del cuarto tribunal oral penal de Santiago para encenderle de nuevo la mecha al octubrismo. El veredicto -sobre un caso en las inmediaciones de plaza Italia- fue contundente y debía llamar a reflexionar y destituir a una jueza que más que buscar justicia, se ha dedicado a criminalizar la acción policial. Ximena Chong persiguió por cinco años a un excarabinero, acusándolo del delito de apremios ilegítimos (una tortura “soft”), con resultado de lesiones gravísimas respecto de Gustavo Gatica, que perdió la vista tras recibir un disparo de una escopeta antidisturbios.
El fallo fue unánime, en lo único en que hubo un voto disidente, fue que una de las juezas consideró que no estaba suficientemente probado que el disparo hubiera sido percutado por el acusado, el cexteniente Claudio Crespo. Y, justamente, eso fue lo único que tomó el octubrismo para rearmarse señalando que se había probado que “Gustavo quedó ciego por el solo hecho de asistir a una manifestación” (Frente Amplio) o que como eso fue acreditado (la lesión) se consagró la “impunidad” (PC, que eligió en su lista como diputado a Gatica para el nuevo período).
El veredicto debió haberle puesto la lápida al octubrismo como juicio histórico y todavía presente en la persecución penal. El tribunal censura la falta de rigurosidad de la fiscal Chong, quien, como en otras ocasiones, acusó también con el CDE y el INDH. No tardó en alimentar el rearme octubrista, sin embargo, el mismo Presidente saliente, repitiendo que “si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad”. Y aunque tuvo tiempo para recapacitar, al contrario, reiteró en otra entrevista: si “no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”.
Una vergüenza tener un Presidente que -aunque no se tituló de abogado- sí se licenció, no fuera capaz de leer, antes de opinar, el fallo de absolución (la sentencia definitiva se dará a conocer en mayo). Éste consigna, en su página 48, que, aún sin la ley Naín Retamal, Crespo habría sido absuelto, porque “la prueba aportada, NO permite formar convicción que el disparo que hirió al ofendido se realizó con infracción a los reglamentos tantas veces señalados, ni tampoco acreditan los reproches formulados en la acusación, por lo que no es posible atribuirle participación (a Crespo) en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos, como se pretendió por los acusadores”.
No se trató de que le dieran impunidad por la aplicación de la ley Naín Retamal -como alegan el PC y el FA-. Tampoco de reprimir “manifestaciones sociales”, ni de hablar de “manifestante”, como lo hace Boric. El tribunal describe con detalle el asedio de una virtual guerrilla, agresiva y violenta, muy superior en número, armada con bombas molotov, cerbatanas con clavos y de grandes estructuras metálicas para proteger su avance y arrinconar y agredir a carabineros. Una descripción de la entonces ensalzada Primera Línea, citando videos de diferentes fuentes y testimonios.
La solución octubrista es que ese disparo (justificado, según el tribunal, porque ya se habían empleado previamente todos los medios disuasivos) nunca debió producirse porque los carabineros debieron replegarse. La respuesta del tribunal es que “los funcionarios no solo están facultados, sino mandatados para actuar en cumplimiento de su deber de restablecimiento del orden público” y que los repliegues previos de Carabineros “solo habían sido aprovechados para saqueos e intensificación de la violencia”.
Es más, después de florearse con la ley Naín Retamal frente a la crisis de la seguridad, e incluirla en su legado, el propio Presidente tomó distancia de una norma aprobada durante su gobierno a la que presentó indicaciones y patrocinó. Nunca la vetó, tampoco, pudiendo hacerlo. Y ya, en el colmo, su ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, que se suponía fue más criteriosa para defender las herramientas del Estado de Derecho para enfrentar la “gigantesca crisis” (sus palabras), también se despojó de toda responsabilidad. Opinó que la ley “es mala y con esta ley esto era el resultado”, calificando que “lo que hizo el señor Crespo no es aceptable”. O sea, Carabineros debió arrancar, ya que no tenían medios para contener la violencia de los mal llamados “manifestantes”, como Gatica, que pueden agredir a Carabineros, pero jamás ser contenidos. “El video 811 lo muestra lanzando objetos contundentes hacia los funcionarios momentos previos a su lesión y el video 812 acredita que, al momento de resultar herido, portaba una piedra en su mano derecha” (pág.49).
La rabia que Tohá descargó contra sus socios de coalición -a los que acusó de desleales e irresponsables- no fue por volver a criminalizar la acción de las fuerzas de seguridad que nos condujo a ser el país más atemorizado del mundo, sino que, por no haber criticado a la oposición, culpándola a ella por la ley, en vez de apuntar contra el gobierno.
Tohá acusó al frentamplismo y al PC de no aprender nada, pero ella y Boric, que tanto se supone aprendió al “habitar” el cargo, parece que tampoco aprendieron nada. La extrema izquierda y el Socialismo Democrático vuelven a unirse para reconstituir el octubrismo. Estamos advertidos de qué vendrá después. (El Líbero)
Pilar Molina
