El que siembra vientos, cosecha tempestades, dice el sabio dicho popular. La crisis de seguridad por la que atraviesa el país y que tiene al gobierno del Frente Amplio contra las cuerdas es un claro ejemplo de cómo, después de haber apoyado actos violentistas como herramientas legítimas para avanzar causas políticas, ahora el gobierno de izquierda está en serios problemas al no ser capaz de imponer el orden en una sociedad donde la violencia y el crimen se han normalizado.
La multiplicación de los hechos de violencia en el país, desde la delincuencia hasta el uso de bombas molotov en las protestas y manifestaciones, no se puede desvincular de un gobierno que llegó al poder después de haber celebrado y normalizado el uso de la violencia como una herramienta para alcanzar objetivos políticos.
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El último incidente de violencia que trágicamente ocurrió en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) y que resultó con más de 30 estudiantes con lesiones, algunos de ellos quemaduras graves, subraya los daños que produce la normalización de la violencia y la justificación del uso de herramientas ilegítimas e ilegales para avanzar causas políticas. Aunque todos lamentemos lo que ocurrió en el INBA, nadie puede declararse sorprendido de que haya pasado este accidente. Por varios años, el INBA y otros establecimientos educacionales emblemáticos han sido lugar de encuentro para violentistas y activistas radicalizados que creen que las bombas molotov tienen cabida en las sociedades democráticas. La tolerancia de las élites a este tipo de comportamientos y la relativización que muchos políticos hacen del uso de la violencia para avanzar causas políticas llevaron a aceptar estas prácticas que están abiertamente reñidas con cualquier protocolo de buen vivir y seguridad en las escuelas o en cualquier lugar habitado.
Aunque la memoria es frágil, abunda la evidencia de cómo el propio Presidente Boric relativizó la violencia y celebró la legitimación de la violencia durante sus años como líder estudiantil y como diputado. Para no ir más lejos, cuando era candidato presidencial en 2021, Boric llevaba en su computador personal una imagen del llamado perro matapacos, una de las formas más burdas y ofensivas de legitimación de la violencia que existió durante el estallido social. Como Presidente, Boric no trepidó en indultar a varios delincuentes con amplio prontuario que, según el gobierno, eran en realidad presos políticos de la revuelta. A sabiendas de que esas personas habían cometido múltiples delitos, de forma frívola e irresponsable, Boric procedió a darles un indulto presidencial. Esa decisión del Presidente lo inculpa más allá de toda duda como promotor y legitimador del uso de la violencia como herramienta para avanzar agendas políticas.
Ciertamente, Boric no fue el único de los líderes políticos de la izquierda en legitimar la violencia. Varios de los que ahora son diputados se embriagaron del octubrismo revolucionario y participaron en vergonzantes actividades como «el que no baila no pasa» o en marchas que irremediablemente terminaron en quema de iglesias, destrucción de propiedad pública y privada y amedrentamiento de peatones y automovilistas.
Aunque buena parte de los líderes del Frente Amplio no tenga edad para haber escuchado la legendaria frase del comentarista deportivo Julio Martínez, ni posean afinidad religiosa para creer en la veracidad de la frase, ese concepto de “justicia divina” que utilizada Julio Martínez parece describir adecuadamente los dolores de cabeza que hoy sufre el gobierno por los hechos de violencia que tienen aterrorizada a la población.
Para salir de esta situación, no bastará que el gobierno haga un mea culpa sincero y honesto sobre su equivocada legitimización de la violencia en años anteriores. No va a bastar con que el Presidente Gabriel Boric pida perdón por haber indultado a delincuentes con amplio prontuario a fines de 2022 so pretexto de que eran luchadores por la causa de la justicia social.
Para poder corregir rumbo y ganar legitimidad que le permita hacer valer el principio de que sólo el Estado puede hacer legítimo uso de la fuerza para imponer el orden y el estado de derecho, este gobierno y el Frente Amplio en su conjunto deberán demostrar con hechos y palabras por un periodo prolongado de tiempo que rechazan toda forma de violencia política y reconocer que, por varios años, tomaron el camino equivocado de asociarse con aquellos que no trepidan en usarla para avanzar sus causas políticas. Mientras ello no ocurra, los vientos que sembró el Frente Amplio cuando era oposición seguirán asolando con tempestades de violencia y crimen al país que ahora gobierna ese mismo Frente Amplio. (El Líbero)
Patricio Navia
