El progreso económico sostenido no es un fenómeno casual, sino un proceso complejo en el que el azar desempeña un papel secundario. La complejidad radica en que son muchos los factores que lo hacen posible. Una analogía útil es que este está conformado por una tríada de elementos fundamentales de igual importancia que actúan como las tres patas de un taburete: el capital físico, financiero y tecnológico; el capital humano; y la calidad de las instituciones. Una ebanista sabe que si una pata falla, el taburete deja de cumplir su función.

Así, la literatura económica establece que la ausencia o el deterioro de cualquiera de estas dimensiones no solo debilita el conjunto, sino que genera externalidades negativas que erosionan las demás dimensiones, comprometiendo gravemente la estabilidad del taburete, es decir, la posibilidad de una trayectoria de progreso sostenido.

Las teorías contemporáneas del desarrollo enfatizan la relevancia de las instituciones inclusivas, aquellas que garantizan la competencia, protegen los derechos de propiedad y aseguran la desconcentración del poder y la aceptación de la responsabilidad que los cargos conllevan (Acemoglu & Robinson, 2012; North, Wallis & Weingast, 2009).

La tesis del corredor estrecho sugiere que el equilibrio entre el poder del Estado y el de la sociedad civil es condición sine qua non para que las libertades civiles y económicas y la eficiencia estatal coexistan (Acemoglu & Robinson, 2019).

El progreso tecnológico y la capacidad de adopción de nuevas tecnologías son elementos fundamentales. Aghion (2021) enfatiza la teoría del crecimiento schumpeteriano basada en la destrucción creativa y sostiene que el crecimiento económico a largo plazo y la riqueza de las naciones no se logran preservando empresas o industrias existentes, sino mediante ondas continuas de innovación que destruyen tecnologías, empleos y negocios obsoletos mientras crean otros nuevos.

Sin embargo, si la destrucción creativa beneficia a la sociedad en general, depende de qué tan bien las instituciones y las políticas canalicen sus beneficios y mitiguen sus daños: la economía política determina quién captura las recompensas, la educación y la formación definen la capacidad de adaptación de los trabajadores, la regulación puede orientar las tecnologías hacia resultados de interés público, y las redes de protección social amortiguan las dislocaciones transitorias.

Cuando estos sistemas son sólidos e inclusivos, la innovación aumenta la productividad y la prosperidad compartida; cuando son débiles o están capturados por intereses, el cambio tecnológico puede agravar la desigualdad y dejar a muchos en peor situación.

El premio Nobel Robert Lucas enfatiza que el capital humano es el motor central del crecimiento económico porque permite que las ideas y las mejoras tecnológicas se traduzcan en aumentos sostenidos de la productividad. En su teoría de crecimiento endógeno, la acumulación de habilidades y conocimientos no solo eleva la productividad individual, sino que también genera externalidades positivas: cuanto más agentes adquieren capital humano, la productividad marginal del resto aumenta debido a los efectos de aprendizaje, la complementariedad tecnológica y la difusión de prácticas productivas.

Esa lógica explica por qué las diferencias persistentes en niveles educativos y capacidades técnicas pueden traducirse en divergencias prolongadas entre países y regiones. Desde esta perspectiva, las políticas públicas deben orientarse a ampliar las oportunidades educativas y mejorar su calidad, no solo como transferencia de bienes privados, sino también como inversión pública con retornos sociales elevados.

La evidencia empírica conecta de manera estrecha el capital humano y la innovación: niveles más altos de educación y habilidades fortalecen la adopción tecnológica, elevan la eficacia del gasto en I+D y facilitan la difusión de tecnologías complejas. Trabajadores más calificados permiten que las firmas internalicen y mejoren tecnologías importadas, mientras que investigadores y equipos formados generan innovación propia.

En suma, el progreso tecnológico no opera de forma aislada: requiere una pata sólida de capital humano para traducirse en productividad y crecimiento reales. Nada de esto es posible si no existe un marco institucional que garantice el buen funcionamiento de los mercados, respete el derecho de propiedad intelectual y controle las actividades de influencia y limite el poder extractivo de los diferentes grupos de influencia.

El caso reciente de Chile ilustra los riesgos de desatender este equilibrio. Desde 2014, diversas reformas han debilitado sistemáticamente cada pata del taburete. La gratuidad universal ha tenido consecuencias negativas en la eficiencia, la calidad y la segregación. Al fijar aranceles a un costo real bajo, se generó un desplazamiento de la inversión.

Bucarey (2018) demuestra que la gratuidad de la matrícula aumenta la demanda en los programas selectivos, lo que los vuelve más competitivos y los hace inalcanzables para muchos estudiantes de bajos ingresos que, de otro modo, habrían calificado para ellos. Espinoza et al. (2022) muestran que eliminar el arancel no garantiza la persistencia de los estudiantes vulnerables, quienes siguen desertando por brechas académicas.

Martin (2024) advierte que la política incluso puede perjudicar a los más pobres al ofrecerles acceso a un sistema desfinanciado. La estrategia correcta habría sido y sigue siendo invertir esos recursos en la educación escolar, donde Chile tiene uno de los peores resultados en la prueba PISA de la OCDE.

Los retiros de pensiones provocaron una descapitalización estructural, lo que destruyó la profundidad del mercado de capitales y encareció el financiamiento de la vivienda y la infraestructura. Esto coexiste con una presión fiscal insostenible: con un gasto público de 24,3 % del PIB y una deuda bruta de 41,7% del PIB en 2025 y el agotamiento de los Fondos de Estabilización, el espacio para la inversión futura es mínimo.

Las reformas tributarias no fueron capaces de recaudar lo previsto, sino todo lo contrario y, de paso, desalentaron la inversión. El aumento del salario mínimo, la reducción de las horas trabajadas sin flexibilidad  y la rigidización del mercado laboral mantienen el empleo estancado, especialmente el de mujeres y jóvenes. La reforma de pensiones desatendió lo más crucial: el aumento de la expectativa de vida y los incentivos perversos que genera la PGU al no exigir un periodo mínimo de trabajo formal para acceder a ella.

La revuelta, detonada en octubre de 2019, debilitó la autoridad del Estado, incrementó la desconfianza en las instituciones y añadió una prima de riesgo crítica: la inseguridad. Entre 2018 y 2025, la tasa de homicidios saltó de 4.5 a 5.3 por cada 100.000 habitantes, pasando por 6.4 en el 2023. Las extorsiones se han duplicado y los secuestros han aumentado un 79 % entre 2021 y 2024. Este auge del crimen organizado actúa como un impuesto a la inversión y a la confianza y erosiona el Estado de Derecho.

El resultado de este deterioro simultáneo y sostenido desde el 2014 es la baja productividad, el verdadero freno al desarrollo. La Productividad Total de Factores (PTF) en Chile está estancada desde 2014. Esta languidez no es aislada: es la suma de un capital humano deficiente, la carencia de nuevas inversiones en infraestructura, I+D y adopción de tecnología de frontera, y una institucionalidad corroída.

Para retomar el desarrollo, las políticas deben hacer lo que un ebanista sabe de sobra: reconstruir simultáneamente y de igual forma las tres patas. El progreso exige coherencia; intentar sostener el taburete con una o más patas dañadas resulta imposible. (Ex Ante)

Felipe Balmaceda