El llamado proceso constituyente fue ideado por el gobierno para contener la presión por una asamblea constituyente y para disimular las diferencias en la Nueva Mayoría. El resultado ha sido una temporada de asambleas cuyo sentido no es claro para la mayoría del país. Aun así, la Presidenta parece convencida de que en los cabildos surgirán los principios de una nueva Constitución. En el Mensaje del 21 de mayo, dijo: “Quien se margina no sólo se queda abajo del carro de la historia chilena, sino que le resta valor a sus ideas”. ¿El carro de la historia? La expresión es un residuo del mesianismo revolucionario, y a estas alturas suena penosa.
Alguna gente bienintencionada dice que es positivo que conversemos sobre los cambios constitucionales. Cómo no, quién podría negarse a conversar. El problema son las desorbitadas expectativas creadas por la Mandataria y el aparato de propaganda de La Moneda. Tenemos pleno derecho a discutir sobre los cambios constitucionales, pero también el deber de hacerlo sin engaños. No podemos saltarnos las normas vigentes, que son el resultado de 25 años de reformas. Esas normas permiten que Michelle Bachelet sea reconocida como legítima Presidenta de la República, al igual que los parlamentarios, los ministros de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las FF.AA., etc.
La Mandataria dijo en el Mensaje que más de 30 mil personas ya han dado su opinión. Pues bien, independientemente de cuantas personas participen, los acuerdos de los cabildos no serán vinculantes para el país. La razón es simple: no hemos lanzado por la borda la democracia representativa. Pese a que los presidentes del Senado y la Cámara están paralogizados, no aceptamos que el Congreso sea reemplazado de facto en sus funciones.
Si de la síntesis que redacten los observadores surge un proyecto de nueva Constitución, este solo comprometerá a la Presidenta: será el momento en que sabremos lo que ella quiere cambiar. Sorprendentemente, el lunes 23 dijo en radio Duna: “Hay cosas en la actual Constitución que son estupendas”. ¿Qué se puede agregar?
Algunos ministros han asegurado a los empresarios que el derecho de propiedad no será afectado. Una de dos: o saben con anticipación el resultado del proceso constituyente, o ese resultado no importa. Mientras tanto, la Mandataria sigue promoviendo reformas a la Constitución vigente, como la que establece la elección de intendentes en 2017. Todo es muy extraño.
En resumen: un gobierno con 25% de apoyo lleva adelante un proyecto desmesurado e invertebrado, que además se le puede volver en contra. ¿Y todo para qué? ¿Para calmar a los intransigentes? ¿Para mantener el tono épico que recomiendan los consejeros del 2° Piso? Peor que cometer un error, es quedar atrapado en su inercia.
Se ha demostrado que hay un cambio constitucional que es indispensable: poner fin al presidencialismo exacerbado. Es muy grande el riesgo que corre el país por la concentración de tanto poder en manos de una sola persona. Necesitamos una democracia con un mejor sistema de contrapesos. (La Tercera)
Sergio Muñoz, analista político
