En la entrevista de Archi, el lunes 14, el Presidente Boric se refirió así al proceso constituyente: “El Rechazo sería un problema para Chile (…) Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”. Fue un modo de expresar una incondicionalidad temeraria hacia un proceso que es el mayor foco de inestabilidad. En los hechos, además, dio la partida a la campaña por el Apruebo en el plebiscito de salida. ¿Y qué propone aprobar? Cualquier cosa. Confía, al parecer a ojos cerrados, en los convencionales del Frente Amplio, el PC, la izquierda indígena y los colectivos del anarco/octubrismo. Se trata del apogeo de la razón partisana: cualquier proyecto es mejor que “una Constitución escrita por cuatro generales”, que es su manera de aludir a la Constitución dentro de cuyas normas acaba de asumir la Presidencia de la República.
El texto de 1980 no le habría permitido a Boric convertirse en mandatario. El artículo 8 se lo habría impedido. Los partidos que lo apoyan no habrían podido funcionar. Fue el triunfo del No en el plebiscito de 1988 el que permitió abrir las puertas de la libertad e introducir las primeras reformas constitucionales, en julio de 1989, lo que creó las condiciones para las elecciones libres, abiertas y competitivas de diciembre de ese año. El texto vigente hoy es el resultado de 30 años de reformas, pero suena más excitante sostener que representa a Pinochet, y más épico llamar al combate en su contra. Insistir en que todavía subsiste “la Constitución de los generales” supone afirmar que en Chile no hubo transición, y borrar de la historia a siete gobiernos democráticos.
Como es sabido, la Constitución vigente lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos Escobar, debido a que él promovió, en 2005, las reformas constitucionales de mayor alcance hasta entonces, las que fueron aprobadas por amplia mayoría en el Congreso. De ese modo, Lagos hizo una gran contribución a la consolidación de las libertades, y merecería por eso y por otras razones un amplio reconocimiento ciudadano. Sin embargo, hemos comprobado cuán eficaz puede ser la mezquindad política. Ha sido indiscutible la disposición de Lagos de favorecer los cambios constitucionales, sin asomo de preocupación por su firma en el texto vigente. Con todo, y por razones de fidelidad histórica, sus antiguos ministros podrían haber dicho algo en los años recientes para explicarles, sobre todo a los jóvenes, cómo y por qué se hicieron las reformas de aquel tiempo, y el enorme avance que representaron. Ha prevalecido el silencio.
Boric se benefició de todo lo que hicieron los gobernantes que reconstruyeron el régimen de libertades e impulsaron el progreso real, no retórico, de nuestro país. Gracias a la lucidez y el sentido nacional de los líderes de la transición, Chile avanzó hacia la libertad sin nuevos desgarramientos. Así, se crearon condiciones para el reencuentro de los chilenos y la regeneración de las instituciones. De ese modo, fue posible construir una democracia que no ha cesado de mejorar mediante la acumulación de reformas. Esa es la democracia que sobrevivió a la intentona golpista de 2019.
Al Presidente solo le sirven el orden, la estabilidad y la gobernabilidad. El Estado de Derecho protege su cargo, y es preferible que no entregue señales confusas y peligrosas para nuestra convivencia. El país podrá tener, mañana o pasado mañana, otra Constitución, la que, para resguardar la unidad e integridad de la nación, afianzar los cimientos de la República y garantizar el ejercicio de las libertades, exigirá un gran acuerdo nacional. Pero mientras eso no ocurra, el orden constitucional vigente debe ser sostenido sin vacilaciones.
Los graves acontecimientos ocurridos durante la visita de la ministra del Interior a Temucuicui, en La Araucanía, confirmaron que el Estado democrático está desafiado en el terreno de la fuerza por grupos político/delictivos a los que no les impresionó la llegada de un mandatario izquierdista. El terrorismo es una realidad y, frente a ello, el Gobierno no puede fantasear con las supuestas propiedades mágicas del diálogo. No tiene sentido declarar, como hizo la ministra Siches, que allá falta Estado y, al mismo tiempo, anunciar que se levantará el estado de excepción. Ojalá que los partidos oficialistas entiendan que llegó la hora de resguardar los cercos, o pagar los costos de no hacerlo.
El Presidente puede tener dudas sobre diversas materias, pero no sobre su deber de bregar por la legalidad en todo el territorio. Tiene la obligación constitucional de defender la paz, la libertad y el derecho, y nada de eso es posible si el Estado democrático renuncia al uso de la fuerza. No tenerlo claro es la vía segura hacia el desgobierno. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
