En 2022, distintos países de la Unión Europea decretaron casi medio millón de órdenes de expulsión de extranjeros, pero solo un 23% se cumplió. Uno de los motivos centrales era carecer de la identidad exacta de la persona: bastaba que los países de origen la desconocieran para tornar imposible la devolución.
Entre los extranjeros que ingresaron irregularmente a Chile parecen estar más insertos en nuestra sociedad los que se empadronaron que aquellos que no. Pero, vaya paradoja, estos últimos tienen más opciones de quedarse por carecer de datos de su identidad real.
Eso dificulta las expulsiones administrativas, las que solo se ejecutan por la vía ejemplar. Estas cumplen otras funciones, como “calmar a la opinión pública, desincentivar futuras llegadas y presionar a los migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen”. Y, por ende, tratan como real lo simbólico.
Bajo esta premisa, el eje del debate no reside en los derechos de las personas, sino en los costos de deportar. En esa dimensión simbólica se ha avanzado hacia que los propios extranjeros financien su salida del país.
Las propuestas incluyen utilizar cotizaciones previsionales, rematar bienes o aplicar multas para cubrir los costos. Sin embargo, surge la interrogante sobre la constitucionalidad de estas medidas.
Las cotizaciones previsionales no pueden ser objeto de sanción. Asimismo, los bienes no pueden ser confiscados salvo en casos asociados a delitos comprobados.
Tratar los bienes de los migrantes como patrimonio disponible para cubrir estos costos constituye una práctica que podría considerarse inconstitucional y peligrosa.
En cuanto a las multas, la normativa establece que estas deben pagarse antes de salir del país. Existe la posibilidad de conmutarlas, pero ello implica prohibición de reingreso, por lo que tampoco resultan un mecanismo eficaz de financiamiento.
Otra alternativa sería el reembolso de costos fiscales, pero esto afectaría a extranjeros integrados que cumplen la ley, generando una contradicción al castigar a quienes sí respetan las normas.
En síntesis, la dimensión simbólica de la política no debe deteriorar las reglas que permiten la convivencia social. (La Segunda)
Gonzalo García
Académico de la Facultad de Derecho U. Alberto Hurtado