Es necesario analizar con cuidado las propuestas de Kast, Kaiser y Matthei acerca de la magnitud de la reducción del gasto público, dados los altos montos involucrados. En el extremo, la propuesta de Kast alcanza a los 21 mil millones dólares (2% anual del PIB durante 4 años). Aunque esto es gradual, no deja de ser importante en términos de los montos y de efectos adversos a corto plazo en el crecimiento económico.
Del mismo modo, en la candidatura de Jara hay algún grado de inmovilismo o adscripción al statu quo, en el cual casi no se quiere asumir que el Estado podría ajustar su tamaño en algún grado, y esto plantea otra fuente de preocupación respecto a la eficiencia del Estado, para así contribuir en mejor forma al crecimiento económico.
Así, de persistir los déficits fiscales actuales, los que se han duplicado en el último año (2,2% del PIB) del Gobierno de Boric, estos terminarán afectando la credibilidad de la política fiscal y, con un impacto alcista en las tasas de interés domésticas, una mayor prima por riesgo país, en mayores costos de financiamiento externo, y en el extremo podría incidir sobre la evolución de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y su impacto en la actividad.
Por su parte, se ha enunciado por las candidaturas de derecha un plan de reducción del impuesto de primera categoría para generar mayor competitividad en la economía, para lo cual es necesario tener ciertas consideraciones. En diversos países de Latinoamérica y Europa se han implementado disminuciones en la tasa de impuesto corporativo para así estimular el crecimiento económico, incrementar la inversión y, a mediano plazo, aumentar la recaudación fiscal.
Se sostiene sobre la base de que una menor tasa de impuestos corporativos incentivará la inversión privada, ampliándose la base tributable y así compensar la pérdida inicial de ingresos fiscales. Sin embargo, la evidencia empírica sobre esto es mixta y varía según el país y su estadio de desarrollo. Al analizar esto, los países latinoamericanos (en general) han mantenido sus tasas corporativas cercanas al 25% (Chile en 27%), mientras que en la OCDE este promedio es del 21,5%.
En algunos países de Latinoamérica, como Colombia y México, estos han reducido su tasa corporativa para atraer inversión y estimular el crecimiento. Pero dados los rezagos temporales y las permanentes presiones fiscales de estos países, se vieron obligados a volver a subir la tasa corporativa para establecer el equilibrio en las finanzas públicas.
En el 2021, Colombia revirtió la reducción de la tasa corporativa, llevándola al 35%, dado que no se habían producido efectos significativos sobre la inversión, no obstante, esto mermaba su capacidad de recolectar tributos.
En resumen, la revisión de estos casos sugiere que reducir la tasa del impuesto corporativo puede contribuir a ciertos objetivos económicos, pero no es una “bala de plata” y conlleva importantes trade-offs.
En países europeos pequeños, abiertos y con instituciones sólidas (como Irlanda o Estonia), la estrategia de bajos impuestos corporativos fue acompañada de políticas complementarias que permitieron atraer inversión y eventualmente aumentar la recaudación respecto de la situación inicial.
Aunque en el caso irlandés es necesario destacar que solo 3 empresas eran responsables del 40% de la recaudación tributaria total, y que esto dejaba a la economía en una posición muy frágil, dada esta alta dependencia, y que el impuesto corporativo del 12,5% era también un incentivo para arreglos organizacionales de multinacionales buscando pagar menos impuestos y no creando empleos reales en muchos casos.
En economías más grandes, la evidencia apunta a que las respuestas en términos de crecimiento e inversión pueden ser modestas. El ejemplo del Reino Unido (2010-2017) demuestra que aun grandes recortes pueden no generar el aumento de inversión esperada, y terminan reduciendo los recursos fiscales disponibles para otras prioridades.
En cuanto a la contienda electoral en Chile, Kast y Matthei proponen recortar el gasto público, bajar los impuestos a las empresas y reducir el tamaño del Estado. Matthei, por ejemplo, plantea una agresiva rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%, con meta de 18% en una década, además de contratos de invariabilidad tributaria por 20 años para inversionistas.
Johannes Kaiser (libertario) va más lejos: propone eliminar impuestos como los que gravan las herencias, las propiedades (contribuciones) y los servicios profesionales, así como reducir drásticamente la carga a empresas (0% a utilidades reinvertidas, 17% al distribuir).
Estas propuestas buscan reducir el tamaño del Estado y confían en que la reactivación del crecimiento vía mercado elevará la recaudación en el largo plazo.
La candidata Jara, en cambio, defiende mantener o aumentar el nivel de ingresos fiscales para financiar servicios y apoyos sociales, argumentando que el Estado debe acompañar al sector privado y a la ciudadanía en la reactivación, pero no tiene una meta clara de contención de los actuales déficits fiscales heredados, lo que a todas luces implica un ajuste en el tamaño del Estado.
Por su parte, el FMI y el Banco Mundial señalan que la reducción del impuesto corporativo debe tomarse con cautela, sustentada en análisis técnicos, y monitorearse con datos para comprobar si los objetivos económicos (crecimiento, inversión, empleo) se están cumpliendo.
Una baja de impuesto corporativo debe ser compensada con mayores impuestos personales a los segmentos de más altos ingresos (algo que plantea Jara), con aumentar la base tributable de un segmento mayor de la población o de impuestos indirectos (IVA), lo que es políticamente inviable.
De no recaudarse los montos esperados (y así evitar un mayor forado fiscal), los gobiernos deben estar dispuestos a recalibrar la política fiscal en beneficio del interés público. De esta recalibración de la política fiscal (y la que puede ocurrir) no he escuchado nada a los candidatos presidenciales.
Del mismo modo, de mantenerse el statu quo fiscal actual sin hacer ajustes razonables en el gasto público, también lleva a la economía a un punto en que puede terminar en una cada vez mayor proporción de intereses pagados por el fisco, que terminan restando recursos al gasto social.
Los candidatos presidenciales deberían tener un Plan B (con cláusulas de salida) e informarlo a la ciudadanía. Así, flexibilidad y pragmatismo son claves para afrontar los desafíos de corto plazo de la economía chilena. Y claro está que la sobreideologización juega en contra para una toma de decisiones más equilibrada y realista en el ámbito fiscal.
Todo lo anterior (en todas las candidaturas) está sujeto a que la deuda pública bruta no supere el techo del 45% del PIB (por recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo). Pero hemos tenido en el último decenio mayores déficits fiscales y mayor nivel de deuda no por un exceso de gasto fiscal, sino más bien por sobrestimación de ingresos del fisco.
Del mismo modo que este error llevó a incubar un mayor nivel de gasto público, las rebajas del impuesto de primera categoría también pueden ocasionar más deuda pública que la actual, de no cumplirse las proyecciones de recaudación, lo que sumado a una mayor lentitud natural en reducción del gasto público, podría aumentar la deuda pública vía mayores déficits fiscales.
Las reducciones del gasto público planteadas en esas magnitudes no serán fáciles de materializarse por diferentes razones; burocráticas-legales, políticas, económicas y, sobre todo, dados los ingentes recursos, deben ser apoyadas por una mayoría importante de la población. Hay que recordar que incluso Milei, cuando los megarrecortes afectaron a los pensionados, planes de salud y otros, tuvo el voto en contra de la población que incluso lo había apoyado.
También, seguir en la inercia fiscal, con crecientes déficits fiscales, no llevará a la economía a un estado de búsqueda de eficiencia, incidiendo negativamente en el stock de capital de la economía y en la capacidad que tiene el Estado de apalancar el crecimiento económico a través de políticas industriales pro-mercado. (El Mostrador)
Francisco Castañeda
Economista de la Universidad Central de Chile Centro de Política Internacional – CEPI UCEN
