Durante años, la educación financiera ha puesto el foco en ahorrar, invertir y hacer crecer el patrimonio. Mucho menos frecuente ha sido preguntarse cuánto comprenden realmente las personas las decisiones jurídicas y tributarias que determinan la estabilidad de esos mismos bienes.
Existe una idea ampliamente extendida: a mayor patrimonio, mayor tranquilidad. Sin embargo, la realidad demuestra que esa relación está lejos de ser automática. Existen personas con patrimonios significativos que viven en permanente incertidumbre respecto de su situación financiera, mientras otras, con recursos más modestos, enfrentan sus decisiones con mayor seguridad. La diferencia rara vez se explica por el volumen de activos disponibles. Con frecuencia radica en el nivel de comprensión que cada persona tiene sobre las decisiones jurídicas, tributarias y patrimoniales que afectan sus bienes.
La seguridad patrimonial no depende exclusivamente del valor de los activos que una persona acumula. También depende de comprender los derechos, obligaciones y riesgos asociados a ese patrimonio.
Contratos, créditos, obligaciones tributarias, sociedades familiares, sucesiones, donaciones o decisiones de inversión forman parte de la vida de muchas personas. Sin embargo, una proporción importante enfrenta estas materias desde la dependencia absoluta de terceros o desde un desconocimiento que dificulta evaluar riesgos, asumir responsabilidades y anticipar las consecuencias de sus decisiones.
El problema no radica en recurrir a asesoría especializada. Nadie espera que todas las personas se conviertan en expertas en derecho tributario o planificación patrimonial. La dificultad aparece cuando las decisiones más relevantes sobre el patrimonio propio se adoptan sin comprender sus elementos esenciales ni los efectos jurídicos y tributarios que pueden producir en el tiempo.
En esos casos, la incertidumbre deja de ser una consecuencia exclusiva del contexto económico y pasa a convertirse en una consecuencia del desconocimiento. No saber cuáles son las obligaciones que se asumen, ignorar el impacto tributario de una decisión o desconocer la forma en que se protegerá el patrimonio familiar genera una vulnerabilidad que trasciende cualquier balance financiero.
Lo relevante es que esa vulnerabilidad no siempre disminuye con mayores ingresos. De hecho, el crecimiento patrimonial suele ir acompañado de decisiones cada vez más complejas. Más bienes implican también más responsabilidades, mayores exigencias de planificación y nuevos riesgos legales y tributarios. Cuando el conocimiento no avanza al mismo ritmo que el patrimonio, la sensación de control tiende a deteriorarse.
Por esa razón, la discusión no debería centrarse exclusivamente en la educación financiera entendida como una herramienta para aumentar la rentabilidad o acumular riqueza. El desafío es más amplio. Supone incorporar una cultura patrimonial que permita comprender las decisiones jurídicas y tributarias que inciden directamente en la estabilidad económica de las personas, sus familias y las futuras generaciones.
La autonomía patrimonial no consiste únicamente en disponer de recursos. Consiste en comprender cómo se administran, qué obligaciones los afectan, qué riesgos pueden comprometerlos y qué decisiones permiten protegerlos en el tiempo. Esa comprensión es la que entrega verdadero control sobre uno de los aspectos más relevantes de la vida de cualquier persona.
La educación financiera seguirá siendo indispensable. Sin embargo, difícilmente cumplirá plenamente su objetivo mientras continúe separada del conocimiento jurídico y tributario que permite proteger aquello que las personas han construido durante toda una vida. Porque el patrimonio no se preserva únicamente acumulando activos. También se protege comprendiendo las decisiones que permiten conservarlos. (Red NP-Daniel Osorio Comunicaciones)
Carla Huerta
Abogada tributaria