Las recientes declaraciones de Lautaro Carmona y otros dirigentes del Partido Comunista de Chile respecto de la actitud que adoptarán frente al próximo gobierno de Kast no constituyen simples opiniones políticas ni legítimas advertencias programáticas. Son expresiones de una lógica bien conocida: la del cuestionamiento anticipado a la legitimidad del poder democrático cuando este no se ajusta a su cosmovisión ideológica.
Resulta grave que, a meses de iniciarse un nuevo mandato presidencial, el PC ya haya levantado un discurso de “resistencia”, “movilización” y “respuesta en la calle”, frente a decisiones y acciones que aún no existen. No se trata de fiscalización republicana ni de oposición institucional, sino de una amenaza explícita al normal funcionamiento del orden democrático. La anticipación del conflicto como método político revela una concepción del poder que no reconoce la alternancia ni la soberanía popular cuando el resultado electoral le es adverso.
Este comportamiento no es coyuntural ni accidental. Responde a una matriz doctrinaria persistente que concibe la democracia representativa como un instrumento transitorio, útil solo mientras sirve al objetivo final de imponer un modelo político totalizante. El PC chileno, pese a su participación en procesos electorales y coaliciones de gobierno, nunca ha abandonado los fundamentos teóricos y prácticos del marxismo‑leninismo: la primacía del partido sobre las instituciones, la subordinación del derecho al proyecto ideológico y la comprensión de la política como un campo de confrontación irreversible entre enemigos.
Las declaraciones de Carmona —en las que se insinúa que un gobierno de Kast carecería de legitimidad social suficiente y se afirma que enfrentará una oposición “activa y organizada” desde el primer día— deben ser leídas en continuidad con una larga tradición política. No es la defensa de derechos lo que se anuncia, sino la disposición permanente a erosionar la autoridad del Estado cuando esta no se encuentra en manos afines. La amenaza no es retórica: es real.
El orden jurídico de la República se funda en principios incompatibles con esta visión. La democracia chilena descansa en la separación de poderes, el respeto a la ley, la alternancia pacífica y el reconocimiento del adversario como un actor legítimo. El PC, en cambio, ha demostrado reiteradamente que no concibe al adversario como tal, sino como un obstáculo histórico que debe ser neutralizado, desplazado o superado mediante presión política, social y cultural; y revolucionaria, de ser considerado necesario.
El comunismo chileno es lo que fue, es y será: un proyecto político de carácter insurreccional en su lógica, autoritario en su finalidad y totalitario en su horizonte. Su participación en la institucionalidad no ha significado una renuncia a ese modelo, sino una adaptación táctica a las circunstancias. Advertir esto no es alarmismo ni caricatura ideológica, es un ejercicio de realismo político. Un primer paso indispensable para defender, con claridad y convicción, la democracia republicana y el Estado de Derecho. (El Líbero)
Álvaro Pezoa
