No cabe duda de que el relato construido para la campaña del hoy presidente José Antonio Kast fue eficiente y logró su objetivo. Su éxito radicó en la capacidad de diagnosticar —y capitalizar— la fatiga social acumulada durante el cuatrienio de Gabriel Boric.
Bajo esa premisa, se diseñó e instaló la narrativa de un “Gobierno de Emergencia”. Esta estructura, se construyó como una apelación a la excepcionalidad para restaurar el orden, y se sostuvo sobre tres pilares de hierro: seguridad, migración y economía.
En aquel entonces, la estrategia fue sencilla: ante una administración con serios problemas de gestión, el equipo de Kast simplemente optó por plebiscitar al gobierno saliente. El resultado es historia conocida: una victoria amplia que lo condujo a La Moneda bajo la promesa de decisiones extraordinarias para tiempos extraordinarios.
Sin embargo, a menos de un mes de iniciada la gestión, el “idilio de la emergencia” ha comenzado a chocar con una pared invisible, pero infranqueable: la vida cotidiana de las mayorías.
Hasta el fin de semana pasado, las encuestas de opinión confirmaban que la ciudadanía coincidía plenamente con el diagnóstico de crisis del nuevo gobierno. Incluso las personas parecen dispuestas a ceder parcelas de sus libertades individuales y colectivas a cambio de la promesa de no sentir miedo al salir a la calle.
No obstante, la percepción de crisis tiene un límite, una “línea roja” que, de cruzarse, podría significar un camino sin retorno para una administración que aún no cumple sus primeros treinta días. Ese límite no es ideológico, sino material. Si bien el ciudadano entrega su libertad por seguridad, parece no estar dispuesto a entregar su subsistencia por la disciplina fiscal.
Aquí es donde el “Gobierno de Emergencia” podría enfrentar su mayor cortocircuito. Cuando la administración Kast plantea que Chile vive una crisis económica y fiscal profunda, la ciudadanía procesa esa información de manera distinta a la nueva elite. Para el Ejecutivo, la crisis es una cuestión de balanza de pagos y déficit; para la ciudadanía, la crisis se mide en la precariedad de los puestos de trabajo, el alza de los servicios y la inestabilidad del crecimiento.
Existe una disposición a recortar el presupuesto del Estado —una demanda histórica contra “la grasa de la política”—, pero con una condición innegociable: que no sean los ciudadanos quienes paguen la cuenta.
La narrativa de la austeridad queda en el desamparo cuando el ciudadano observa que, mientras se modifican mecanismos como el MEPCO y subirán los precios de los productos, se anuncian bajas de impuestos corporativos y se fijan techos de sueldos de 10 millones de pesos para la nueva administración. No hay “diálogo virtuoso” posible en esa ecuación.
El juicio ciudadano es implacable: no se puede pedir un cinturón apretado a las personas, mientras para otros les parece estar más holgado. El gobierno debe entender que la crisis se acepta como diagnóstico, pero no se acepta como excusa para el retroceso en cuestiones ya adquiridas.
Durante las primeras semanas, el argumento de la “herencia recibida” y las falencias del gobierno de Boric han servido de escudo. Es una herramienta útil para los grupos de apoyo identitarios, para alimentar el fuego de las redes sociales y cohesionar al núcleo duro. Pero la complicidad de las mayorías es un recurso volátil. En un escenario global donde la guerra en Medio Oriente amenaza con mantener los precios del petróleo al alza, el argumento que esto podría ser momentáneo se diluye.
La ciudadanía tiene un diagnóstico que parece categórico: Chile no es Argentina. Javier Milei pudo construir una narrativa de shock desde un estado de anomia y desesperación económica que el promedio acá aún no comparte.
En Chile, la expectativa no era un “reseteo” doloroso, sino una mejora inmediata; la gente votó por Kast porque sentía que el gobierno anterior los había dejado en una situación menoscabada, no para que el nuevo presidente impactara aún más sus vidas con decisiones impopulares.
Gobernar, ciertamente, conlleva tomar decisiones difíciles, y el aumento en los combustibles es un ejemplo. Pero el éxito de estas medidas no se mide sólo en la planilla Excel del Ministerio de Hacienda, sino también en cuánto impactan las decisiones en el apoyo al Gobierno. Una caída violenta en la popularidad en el primer mes puede transformar una medida técnica en una “bomba de racimo” que condicione todas las reformas futuras.
El mayor riesgo para la administración Kast es el desacople. Si el Gobierno insiste en leer la crisis solo como un fenómeno macroeconómico mientras el país la vive como un drama doméstico, la “emergencia” dejará de ser el nombre de su plan de gobierno para convertirse en el estado permanente, ahora agudizada por ellos. (Ex Ante)
Ignacio Imas