Cada cambio de gobierno abre inevitablemente la discusión sobre el legado de la administración que termina. No se trata de un ejercicio retórico ni de un balance para la galería política. El Estado tiene continuidad institucional, y por lo tanto los problemas acumulados, las decisiones tomadas y también las omisiones se trasladan directamente al gobierno que asume. En otras palabras, el legado no es sólo una evaluación histórica, es el punto de partida del próximo ciclo político.

En ese contexto, el balance del gobierno que concluye su mandato presenta sombras difíciles de ignorar, particularmente en materia de gestión. El manejo financiero ha sido uno de los puntos más cuestionados. A pesar de los esfuerzos comunicacionales por justificar proyecciones y estimaciones fiscales, diversos análisis coinciden en que las cifras presentadas durante este período han estado lejos de la precisión que se espera de la conducción económica del Estado. En tiempos de estrechez fiscal, los errores de cálculo no son una cuestión técnica menor, son un problema político que termina afectando la capacidad real de implementar políticas públicas.

En el ámbito de la salud, el panorama tampoco resulta alentador. Las listas de espera siguen siendo una de las mayores deudas del sistema sanitario chileno. A pesar de planes y anuncios reiterados, los resultados distan de lo que se espera de un Estado que tiene la obligación legal de garantizar prestaciones oportunas a través del sistema de salud.

La paradoja aquí es evidente, ya que quienes impulsaron con mayor fuerza la expansión de derechos sociales en años anteriores y en los procesos constitucionales fallidos, no han logrado cumplir siquiera con los estándares actuales. Prometer nuevos derechos resulta sencillo, la dificultad está en gestionarlos eficazmente.

La seguridad pública es quizás el área donde la distancia entre discurso y realidad se vuelve más evidente. Más allá de los indicadores oficiales, lo que termina definiendo la evaluación ciudadana es la percepción cotidiana de inseguridad. Cuando el temor se instala en barrios o espacios públicos, la discusión estadística pierde relevancia frente a la experiencia concreta de las personas.

En ese contexto, algunas iniciativas locales han demostrado que la gestión coordinada puede producir resultados más visibles que los grandes anuncios. La colaboración entre el alcalde de Santiago y el delegado presidencial para enfrentar focos delictivos específicos, como ha ocurrido recientemente en Meiggs, muestra que cuando existe voluntad de coordinación institucional es posible recuperar espacios que habían sido abandonados al desorden.

Sin embargo, estos ejemplos aislados no alcanzan a revertir una percepción más amplia, un Estado que ha reaccionado con lentitud frente a problemas que se venían acumulando desde hace años.

El gobierno que asumirá próximamente recibirá un escenario complejo. No sólo deberá enfrentar desafíos urgentes en seguridad, salud o crecimiento económico, sino también lidiar con una restricción estructural cada vez más evidente como es el deterioro de las cuentas fiscales. El aumento de la deuda pública obliga a un ejercicio de responsabilidad política que muchas veces choca con la tentación de prometer soluciones rápidas.

Cada peso destinado al pago de intereses de la deuda es un peso menos disponible para financiar políticas públicas en áreas críticas como educación, vivienda o seguridad. Esa es la realidad que suele quedar fuera de los discursos, pero que termina definiendo la capacidad real de gobernar.

Los gobiernos pasan, pero las instituciones permanecen. Y cuando una administración deja problemas sin resolver, el país completo termina pagando el costo. El legado del gobierno saliente no es sólo un balance político, es el escenario con el que deberá lidiar la próxima administración. Y ese escenario, conviene decirlo con claridad, es más exigente de lo que muchos quisieran admitir. (El Líbero)

Aldo Cassinelli