La Presidenta piensa que, luego de sus cuatro años de gobierno, deja un país mejor del que recibió. Tiene todo el derecho a creerlo, pero está equivocada. ¿Qué significa un país mejor? Ese es el fondo del asunto y su diagnóstico denota que para ella todo aquello encaminado a hacer crecer el Estado, incrementar la dependencia de las personas de sus subsidios y el establecimiento normativo de un determinado orden social que asimila la igualdad con la justicia es un avance. Si aquel diagnóstico fuera certero, entonces sería efectivo que Chile es un país mejor.
Nada nuevo, en realidad, pues sólo quien tiene la percepción de que la libertad económica genera inevitablemente desigualdades y abusos, concibe como un progreso la intervención más activa de un Estado que altera ese resultado inicuo. Pero hay otra forma de entender un país mejor, es la de los que pensamos que eso sucede cuando hay, en primer lugar, progreso económico que aumenta las oportunidades de desarrollo de las personas, se incrementan los ingresos y cada uno puede avanzar en la dirección que su proyecto de vida le señale.
Este es uno de los mayores problemas que enfrentaría un eventual nuevo gobierno de Sebastián Piñera, tener que luchar contra una dialéctica que hace sinónimo de avance aquello que no es más que una visión particular, con el agregado de que esa visión sólo se sustenta en un freno a las posibilidades de crecimiento real del país.
La Presidenta no se hace cargo del hecho que durante sus cuatro años de gestión Chile creció menos de un 2% en promedio y que a ese nivel de expansión de nuestra economía todos los derechos sociales, incluida la gratuidad, no son más que ilusiones vanas, las mismas quimeras que ha perseguido el socialismo por décadas sin éxito alguno. La gran contradicción es que la única manera de avanzar en el acceso real a la educación, mejor atención de salud, mejores pensiones, etc. es volver a poner en marcha el país y lograrlo sin desandar buena parte del camino recorrido en dirección al estatismo es muy difícil, tal vez imposible.
Los obstáculos políticos que enfrentará Piñera en un eventual segundo gobierno son evidentes a partir de esta contradicción. Casi condenado a tener minoría parlamentaria, con una bancada integrada por comunistas y frenteamplistas que quitarán todo espacio al socialismo para acordar en soluciones moderadas, sólo podrá buscar acuerdos con lo que quede de los socialdemócratas y los DC auténticamente de centro.
La recuperación de la confianza política provocada por un gobierno pro crecimiento, más alguna reforma tributaria de sentido común, pueden darle un reimpulso inicial al país y proveerle de una base de respaldo popular para abrir la cancha política. No hay que ser pitoniso para anticipar que todo cambio será motejado de “retroexcavadora” de derecha, que volveremos al debate descalificatorio en que se interpretarán las medidas de austeridad fiscal y pro emprendimiento en códigos de lucha de clases: el gobierno de los “poderosos” perjudicando a los débiles.
Será una tarea mayor, pero no imposible en este otro Chile, el de clase media, al que no le gustó el camino a ese país que la Presidenta cree mejor. (La Tercera)
Gonzalo Cordero
