La encuesta Cadem del domingo pasado registró un importante avance en la percepción de la gestión del Gobierno en los incendios, llegando a un 40% de buena evaluación. Es innegable que hay mayor presencia de funcionarios y autoridades en el terreno, lo que es apreciado por la población. Sin embargo, esta gestión se ve afectada por dos cuestiones que la empañan, y que, de persistir, amenazan con convertirse en un nuevo problema para el Presidente Boric.
La primera deficiencia es la ausencia de liderazgos técnicos para enfrentar catástrofes y en particular los incendios. Ha sido tradicional en nuestro país que sean dos los organismos que comanden estas gestiones. En el caso de incendios, la Conaf, con amplia experiencia en el tema y en un plano más general la Onemi, con dispares experiencias pues su buen historial se vio empañado por su pobre actuación en el terremoto y tsunami de 2010. Ya hemos hecho ver que es impresentable que el Senapred, organismo que reemplazó a la Onemi a contar de noviembre del año pasado esté aún sin un director titular.
El Gobierno estaba en antecedentes de que la temporada de incendios sería compleja, cuestión sobre la que advirtió el propio Presidente Boric. Pese a ello, aún no nombra al titular de Senapred y el cargo lo está ejerciendo transitoriamente el ex director de Finanzas de la Onemi, que presumimos, por su especialidad, no es la persona más apta para enfrentar una catástrofe de esta magnitud.
Por otra parte, Conaf no ha ejercido el liderazgo técnico que se requiere en estos casos. Incluso su presencia ha sido opacada por la presencia de autoridades políticas, delegados presidenciales y ministros, que han tomado roles coordinadores y de comunicación que más bien parecen turnos de vacaciones que verdaderos aportes al combate del fuego. Pero lo que es más grave: la información técnica de Conaf acerca de los incendios ha sido cuestionada por otras autoridades, con un objetivo claramente político. En efecto, las cifras oficiales de Conaf acerca de la intencionalidad de los incendios han sido “corregidas” por las autoridades políticas. Como lo ha señalado José Manuel Rebolledo, ex director de la Conaf, el sistema Sidco arroja un porcentaje de 41% de incendios intencionales. Este sistema tiene reconocimiento internacional y una trayectoria de más de 30 años. Pese a ello la ministra Tohá ha hablado de una cifra de 25%, supuestamente basada en datos del Ministerio Público, que jamás han sido publicados antes. La pauta de La Moneda es bajarle el perfil a la intencionalidad de los incendios.
Esta situación es grave porque podría configurar un intento de distorsionar cifras oficiales de una tragedia que afecta a miles de chilenos con un objetivo político. Episodios similares en el INE o el Ministerio de Desarrollo Social en el pasado, han sido tratados con ribetes de escándalo y han tenido consecuencias. Recién ahora la prensa escrita empieza a dar importancia a esta discrepancia en las cifras sobre intencionalidad de los incendios. Medios electrónicos como El Líbero o Ex Ante vienen entregando antecedentes al respecto desde hace varios días. Ex Ante incluso ha informado que la Biblioteca del Congreso realizó un estudio para el período 2016-2021 que califica como intencionales el 40% de los incendios, una cifra similar a la de Conaf. Que el ministro Montes diga que no hay nada concreto en relación a la intencionalidad de los incendios es impresentable y contrario a testimonios como los del alcalde de Coronel, localidad en que se habrían encontrado en medio de un cerro 60 bidones con alcohol gel, elemento combustible que ayuda a mantener el fuego. El ministerio del Interior aparece preocupado de precisar que no es un acelerante.
Decíamos al principio que había dos grandes deficiencias en la gestión del Gobierno en los incendios, la primera era la ausencia de liderazgos técnicos, a lo que nos hemos referido hasta ahora. La segunda deficiencia, que es la que subordina al manejo técnico de la emergencia, es la tendencia del gobierno de ideologizar todos los temas. Justamente la discrepancia de cifras sobre intencionalidad es un intento de evitar “dejar sin piso” al Presidente Boric en sus desafortunadas declaraciones acerca de mayor regulación para la industria forestal y para qué decir al ministro de Agricultura con sus opiniones sobre la tributación del sector y el apoyo que éstas han tenido en Apruebo Dignidad, el núcleo refundacional de este gobierno.
En este panorama, se aprecia la iniciativa del diputado Schalper que ha pedido una sesión especial en la Cámara para tratar este tema. Estamos ante una cuestión delicada y la ministra Tohá, siempre en clave política, se dedica más a cubrir a ministros o al propio Presidente Boric cuando lanzan afirmaciones sin fundamento, que a relevar la actuación de Senapred, servicio que depende de su cartera. (El Líbero)
Luis Larraín
