Lo más grave es que, preso de dicha falsa acusación, el ministro de Justicia decidió frenar arbitrariamente los decretos del programa de beneficios de rebajas de condenas a los internos que han acreditado por un largo tiempo un comportamiento sobresaliente. Es un beneficio establecido por ley, acreditado y otorgado por siete profesionales, de los cuales tres son nombrados por el propio Gobierno.
Esta decisión del ministro Gómez ha generado un grave conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Los Tribunales Superiores de Justicia, incluida la Corte Suprema, han resuelto obligar al ministro de Justicia a cumplir la ley, censurando su proceder y señalando incluso que “la privación de libertad que padecen los amparados se torna en ilegal e ilegítima por la omisión de la autoridad”.
En mis múltiples experiencias de trabajo en cárceles, he sido testigo de las enormes dificultades que enfrentan los reos para cumplir con un “comportamiento sobresaliente”, siempre con el incentivo de reducir sus condenas. La decisión del ministro ataca el corazón de toda política de reinserción, lo que resulta doblemente reprochable si la motivación es política.
Si el ministro considera que hay liviandad en el otorgamiento de los beneficios, corresponde que remueva a quienes a partir de su nombramiento lo aplican, o que introduzca modificaciones al sistema. Carece de lógica y bordea la ilegalidad que hoy, arbitrariamente, deje de cursar los beneficios otorgados. Los internos de comportamiento sobresaliente —que ojalá sean muchos más— necesitan saber que hay reconocimiento y que todavía son importantes para la sociedad. Si por un afán politiquero les quitan un derecho prometido, ¿qué posibilidades de reinserción hay? Un gobierno que se toma en serio la dignidad de los presos y se preocupe de desarrollar una política eficiente de reinserción, jamás haría esto. (La Segunda)
