Uno de mis mejores amigos solía decir, en mi época de político activo, que yo tenía un gen suicida, porque cuando todo presagiaba un salto adelante, decía o hacía cosas que limitaban el avance o derechamente lo anulaban. Es lo que se me viene a la cabeza a la hora de analizar el insólito e incomprensible comportamiento reciente del gobierno del presidente Kast.
Hace dos semanas en este espacio yo anunciaba su ingreso a una zona de confort. Luego del éxito político y legislativo del ministro Quiroz y su paquete de reformas económicas con su contraparte de relativo fracaso en conseguir apoyo popular, ahora se aprestaba a jugar de local, con el público a su favor y muy buenas perspectivas de conseguir amplias mayorías parlamentarias porque en torno a los temas de seguridad era muy difícil la unidad opositora que sí provocó la reforma económica.
Si el discurso opositor de ricos vs pobres conecta con una parte significativa y potencialmente mayoritaria de la población, el de carabineros vs ciudadanos, que predominó en 2019 y 2020, hoy es marginal y enarbolado sólo por la izquierda radical.
Sin embargo, alguien decidió -no está claro quién, cuándo ni dónde- proponer un paquete de ocho reformas constitucionales, una de las cuales es la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública que el presidente de la República podría decretar y mantener por 240 días sin necesidad de aprobación parlamentaria, duración inconsulta ocho veces mayor que la del actual estado de emergencia, a pesar de que contempla restricciones mayores a las libertades públicas, como la interrupción del libre tránsito, el derecho a reunión y la intercepción de las comunicaciones.
La propuesta, era previsible, estalló como una bomba de racimo en la conversación pública, generando la crítica generalizada mucho más allá de la oposición. No sólo en el mundo del derecho, donde prácticamente no tuvo defensores, sino también entre senadores y diputados de todo el espectro político, al punto que el propio Johannes Kaiser consideró que reflejaba un presidencialismo excesivo potencialmente lesivo para la democracia. Guion al menos inesperado y sorprendente de ver a este gobierno desbordando por la derecha a nacional libertarios.
Un paquete de seguridad llamado a generar apoyo supramayoritario en la opinión pública y también en el Congreso -de hecho, varias iniciativas en curso ya han concitado respaldos transversales en el trámite legislativo- es contaminado por una propuesta que parece no haber comprendido que la mayoría del país demanda orden y seguridad pero no considera necesario satisfacer esa demanda con el sacrificio de derechos y libertades, y tampoco está dispuesta a entregarle a la autoridad presidencial un poder sin contrapesos adecuados.
Es cierto que el gobierno se muestra dispuesto a dar marcha atrás, que ya se habla de una duración de 30 días, incluso con previa autorización del Congreso, lo que pasaría a ser razonable si está orientado a terminar con el control de las bandas criminales en territorios específicos, pero el daño de identidad para el gobierno y su propuesta ya está hecho.
Es casi inverosímil que el segundo piso no haya ejercido su rol de prevenir al presidente de los efectos que tendría esta propuesta, lo que nos deja frente a la terrible disyuntiva de optar entre dos hipótesis: la falta de preparación y criterio para prever las consecuencias de las decisiones impulsadas, o la existencia de un núcleo ideológicamente iliberal instalado muy cerca de las decisiones ministeriales y presidenciales.
Se dirá que del trámite legislativo saldrá seguramente un paquete de leyes razonables que encontrarán respaldo mayoritario de la ciudadanía, pero la propuesta de reforma afectará de manera indeleble la identidad del gobierno y del presidente, que puso su firma y consideró adecuada una iniciativa que rompe los márgenes de una democracia con equilibrio de poderes y contrapesos.
¿Quiénes son los que están jugando contra el propósito del gobierno de escapar a las categorías de ultraderecha e iliberalismo instalándose como un gobierno pragmático que busca responder a las urgencias de los chilenos? ¿O es más bien la ambivalencia de quienes estaban contenidos por el pulso de opinión pública y liberaron sus auténticas pulsiones por el altísimo respaldo en las encuestas a todo lo que parezca apuntar a combatir la inseguridad?
En todo caso, el daño ya está hecho. Redujeron los costos de oponerse al gobierno en los temas de seguridad, aumentaron la probabilidad de que la oposición actúe unida, instalaron la desconfianza para entregar atribuciones al gobierno para perseguir la delincuencia y entregaron al público la primera seña de identidad iliberal ultraderechista.
En la conducción del trámite legislativo veremos cuál es la convicción del gobierno y del presidente Kast respecto de su propia identidad, veremos si los demonios que salieron de la botella son nuevamente encerrados o siguen haciendo su camino corriendo el cerco para ingresar al debate elementos de su agenda iliberal. El ministro Arrau, que retrocedió varios casilleros en su posicionamiento político y público, junto a los ministros del área política tienen la palabra. (Ex Ante)
Pepe Auth