Durante gran parte de la historia moderna, el mundo transitó desde un orden en el que la fuerza hacía la ley hacia otro en el que la ley —aunque imperfecta— limitaba el uso de la fuerza entre los Estados. Esa transformación, sellada tras dos guerras mundiales catastróficas, se apoyó en una idea central: la guerra y la conquista territorial dejaron de ser instrumentos legítimos de la política internacional. Fue un giro monumental. La fuerza dejó de ser la regla y pasó a ser la excepción.
Ese cambio comenzó a gestarse con pactos como el Kellogg-Briand de 1928, que condenó formalmente la guerra como herramienta estatal, y se consolidó con la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que prohibió la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros Estados. Este marco no eliminó los conflictos, pero sí redujo drásticamente las guerras interestatales, fomentó la cooperación económica y desplazó la acción militar por sanciones, presión diplomática y mecanismos multilaterales de resolución de disputas.
El registro histórico está lejos de ser perfecto. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, distintos Estados han desafiado abiertamente la prohibición del uso de la fuerza. Aun así, el sistema ha logrado sobrevivir gracias a la existencia de garantes —principalmente Estados Unidos y Europa— que, con mayor o menor coherencia, sostuvieron un orden internacional liberal basado en reglas.
Hoy, ese equilibrio se ha quebrado. El principal garante de ese orden ha comenzado a abandonarlo. Ya no intenta acudir al Consejo de Seguridad ni justificar el uso de la fuerza en la legítima defensa, en una intervención por invitación o el derecho a la autodeterminación de un pueblo. Lo que estamos presenciando es algo distinto: el uso de la fuerza para imponer legislación doméstica en territorio extranjero y para intentar controlar vía telefónica la conducta de un régimen de facto y utilizar sus recursos naturales.
El garante ya no se limita a incumplir la regla en circunstancias excepcionales ni se esfuerza por explicar la legalidad de sus actos. Comienza, más bien, a validar y normalizar los métodos que antes atribuía a quienes desafiaban el orden. Cuando la superpotencia que sostenía el sistema adopta una lógica de coerción similar a la de sus infractores históricos, el problema deja de ser una suma de transgresiones aisladas y pasa a ser un colapso estructural: la norma deja de tener quien la defienda.
Las reacciones de la comunidad internacional agravan aún más este escenario. En el pasado, violaciones graves a la prohibición del uso de la fuerza generaron condenas categóricas. Hoy, en cambio, el silencio, la ambigüedad o la justificación revelan una preocupante deslegitimación del orden, incluso por parte de quienes solían defenderlo.
Es comprensible que la captura de Nicolás Maduro genere alivio y, en ese sentido, uno puede comprender las reacciones iniciales. Pero el punto no es ese. El riesgo real es que, al normalizar el uso de la fuerza sin mandato ni marco jurídico, se destruya el andamiaje que durante décadas contuvo la violencia interestatal. Y las consecuencias de ese debilitamiento pueden ser mucho más profundas y duraderas que el alivio inmediato que produce la caída de un dictador. (La Tercera)
Benjamín Salas
Abogado, investigador asociado de Horizontal
