El festival del autogol

En lenguaje futbolístico podríamos decir que el Gobierno está propiciando un verdadero “festival del autogol”.

• No recuerdo otra administración que haya conseguido transformar un proyecto presentado como una de sus iniciativas estrella en una derrota política antes incluso de comenzar su tramitación. Peor aún, que haya llegado al extremo de no contar siquiera con los votos de una parte importante de sus propios parlamentarios para aprobar la idea de legislar.
• Lo que significa que el Ejecutivo no supo, no fue capaz de ponderar ni aquilatar la profundidad de los reparos que suscitaría el proyecto entre los partidos y parlamentarios, no solo del oficialismo, sino también de aquellos que, sin formar parte del Gobierno, apoyaron la Ley de Reconstrucción.
• La rebelión fue de tal magnitud que paralizó al Ejecutivo. Entró en pánico, se puso a la defensiva y renunció a defender su propia iniciativa, de cuyas virtudes presumiblemente estaba convencido. La situación ha llegado a tal punto que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó al Gobierno a retirar el corazón del proyecto: la creación del nuevo estado de excepción.
• Ningún personero del Gobierno estuvo dispuesto a dar la cara y defender, en su mérito, el texto de la reforma constitucional enviado al Congreso. Algo insólito tratándose de una iniciativa que había sido presentada como fundamental para combatir el crimen organizado y el terrorismo.
• Porque una cosa es manifestarse abierto al diálogo y dispuesto a introducir modificaciones para alcanzar acuerdos amplios, lo que es normal y deseable en democracia, y otra, muy distinta, es aparecer desentendiéndose del propio proyecto.

Línea roja. No tiene sentido repetir las razones de fondo que han derivado en este rechazo transversal, salvo señalar que reflejan un verdadero “sismo ideológico” dentro de la derecha. Porque no se trata simplemente de diferencias técnicas o de matices jurídicos: para algunos parlamentarios, con esta reforma se cruzó una línea roja.

• Pero sí vale la pena analizar cómo y por qué se produjo este desaguisado, este autogol de media cancha, que todavía está en pleno desarrollo y que probablemente terminará con el retiro de la reforma.
• ¿Cómo puede un Gobierno que ha hecho de la seguridad su principal bandera de lucha terminar administrando tan mal una iniciativa supuestamente destinada a dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir la delincuencia?
• Sabemos que la elaboración del proyecto estuvo rodeada del más completo sigilo, un nivel de reserva difícil de comprender tratándose de una reforma constitucional de esta magnitud. Los propios dirigentes oficialistas desconocían sus contenidos.
• El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se vio forzado a asumir públicamente la “autoría” de la iniciativa, pese a que, en realidad, esta habría sido concebida por sus asesores más cercanos en las dependencias del Ministerio de Seguridad.
• Una versión que fue desmentida por el presidente del Partido Republicano, quien, en una entrevista televisiva, alabó al ministro Arrau por “haber puesto la cara”, pese a “no ser abogado”, reiterando que nadie sabe realmente quién fue el redactor del proyecto.
• Ningún Gobierno puede permitirse el lujo de hacerle una “encerrona legislativa” a sus propios parlamentarios. No hay que ser muy avezado para anticipar que un proyecto tan extremo requería un tratamiento político completamente distinto.
• ¿Era necesario mantenerlo en secreto hasta su ingreso al Congreso? ¿No habría sido más sensato conversar previamente con los partidos oficialistas y con los parlamentarios que tendrían que defenderlo públicamente?

La diferencia no es semántica, es política. Más incomprensible todavía es el comportamiento del propio presidente Kast, quien, en vez de defender y explicar una reforma anunciada por cadena nacional como parte de su agenda contra el crimen organizado, optó por tomar distancia y bajarle el perfil. Según explicó, “todo lo que hemos hecho es presentar una propuesta abierta al debate parlamentario”, algo que, a su juicio, sería legítimo, por lo que no se justificaría “tanto escándalo”.

• Entonces, según el propio presidente, ya no estaríamos frente a una reforma indispensable para enfrentar la crisis de seguridad, sino ante una mera propuesta, entre muchas otras, para ser sometida a un concurso de ideas en el Congreso.
• La diferencia no es semántica. Es política.
• Un presidente tiene todo el derecho a modificar un proyecto, negociar sus contenidos o incluso retirarlo. Lo que no puede hacer, sin pagar un altísimo costo político, es presentar una iniciativa que califica de innovadora y decisiva ante todo el país para luego, en cuanto aparecen las críticas, desentenderse de ella.
• La mano izquierda no parece saber qué está haciendo la mano derecha.

Desorden descomunal. El biministro y jefe de gabinete se entera por la prensa de que, contra su opinión, el Gobierno había ingresado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Ministros realizan declaraciones que obligan posteriormente a otros colegas a salir a precisarlas, relativizarlas o desmentirlas. Y aparecen discrepancias públicas incluso sobre asuntos particularmente sensibles, como el Convenio 169 de la OIT o la Ley Lafkenche.

• Para un presidente que llegó al poder prometiendo autoridad, orden y capacidad de gestión, y que criticó ácidamente a su antecesor por carecer de esos atributos, el desenlace es fatal. No puede permitirse el lujo de aparecer como incompetente, desorientado e improvisador.
• Indudablemente hay una crisis de liderazgo, un desorden descomunal y una evidente falta de coordinación. Lo que lleva a pensar que tal vez la exministra Sedini no tenía toda la culpa de sus errores y que, en parte, pudo haber sido también una “víctima” del clima caótico que parece campear en La Moneda.
• La orquesta está desafinando y el “director” se muestra complaciente, dando explicaciones pueriles, como cuando, a propósito de los “exabruptos” de sus ministros, señaló que había nombrado personas “pensantes”, por lo que estaría bien que dijeran lo que creyeran conveniente.
• Naturalmente que los ministros pueden tener sus propias opiniones. Pero una cosa es pensar distinto y otra es exhibir públicamente esas discrepancias, transformándolas en una fuente permanente de incertidumbre respecto de cuál es, finalmente, la posición del Ejecutivo.
• Un Gobierno puede tolerar el debate interno. Lo que no puede es convertirlo en espectáculo público.
• Para la oposición, en cambio, este estado de cosas es un verdadero regalo. No necesita desgastarse construyendo una estrategia, pues la Moneda se está auto infringiendo daño por sí sola. Es como aquel “soplo de Dios” con que, según el relato bíblico, fue dada la vida a Adán, que le insufla nueva vida a una oposición que hasta hace muy pocos días estaba desorientada, dividida y sin agenda. (Ex Ante)

Jorge Schaulsohn