Observando las votaciones en la CC —las propuestas aprobadas, las rechazadas, las que alcanzan mayorías pero no los dos tercios y las que están en espera de ser tratadas— muestran que el riesgo a que ellas apuntan no es la creación de un orden totalitario, como lo ha campanilleado la derecha, sino el desmembramiento del Estado.

Frente al poder presidencial se intenta la creación del cargo de vicepresidente, elegido por votación popular, con lo que trasladamos a Chile una experiencia que se ha probado nefasta en América Latina. Se propone eliminar o acotar el veto presidencial, “lo que deja en extremo debilitado al Presidente en el proceso de formación de la ley” (Alemán y Dockendorf). Se protege la iniciativa presidencial en materia de gasto, pero en las demás áreas una mayoría simple de parlamentarios podrá predominar sobre la voluntad del Jefe de Estado.

El acotamiento del veto presidencial fortalece las atribuciones del Parlamento, pero en abierta contradicción se disminuye su importancia al crear 16 Asambleas regionales que —como advierten Irarrázaval y Waissbluth— podrán establecer su propia Constitución regional, crear provincias y comunas, regular la organización sindical, negociación colectiva y huelga, fijar tributos, crear empresas públicas regionales, contraer préstamos. Paralelamente la Convención parece renuente a enfrentar la extrema fragmentación del sistema de partidos —hoy 20 con representación parlamentaria— que obviamente se agravará, pues el regionalismo que se propone llevará a la creación de decenas de entes regionales. Se quita relevancia al Poder Judicial y siguen en discusión propuestas que afectan la independencia de los jueces, al tiempo que la aceptación de un sistema judicial indígena; razonable, pero que lo es menos si se consagran, en condiciones de igualdad, distintos sistemas jurídicos.

Es cierto que la democracia, para asegurar el respeto de los derechos y la libertad de las personas, supone una desconcentración del poder: instancias que se originan de modo diverso, se equilibran, y controlan entre ellas. De un modo igualmente esencial, la democracia supone un gobierno eficaz, el deber de hacer posible un Estado capaz de entregar mejores condiciones de vida a sus ciudadanos, mayor igualdad, bienes públicos de calidad, orden y seguridad frente a la amenaza de la droga y el crimen. La relación entre esas dos exigencias no es fácil. La idea de que un poder altamente dividido corre en el mismo sentido con la eficacia del Estado es una ingenuidad. Si la excesiva concentración del poder puede hacer de los derechos que se asocian a la democracia una mascarada, su atomización puede hacer imposible o incompetente al gobierno. Ello hace legítima la pregunta de cuánta división de poderes es compatible con un gobierno capaz de adoptar oportunamente políticas, implementarlas, con líneas claras de mando, sujeto a control.

El análisis indica que la mayor amenaza que tiene la CC es avanzar hacia un Estado fallido. La excesiva división y desmembramiento del poder con una nula preocupación por su efecto sobre la coherencia y efectividad del gobierno pueden llevar a un sistema político paralizado en sus piezas fundamentales. Un Presidente debilitado por el roce permanente con su vicepresidente; un Congreso fragmentado en 20 partidos, pero a la vez amenazado en sus atribuciones por 16 asambleas legislativas. Un traslapo constante entre la legislación nacional y la que acuerden las regiones. Un Presidente al que una mayoría simple del Parlamento puede rechazar sus vetos e imponerle su visión. Que los jueces puedan dar órdenes directas a la fuerza pública, la que debe “obedecer sin calificar su justicia, oportunidad o legalidad”, disposición que mal regulada podría afectar el monopolio y la responsabilidad del Estado en el uso legítimo de la violencia. Una Constitución que no establece un mecanismo eficaz y no traumático para resolver el conflicto centenario entre el Presidente de minoría y un Parlamento controlado por la oposición.

Mientras la derecha embiste contra un totalitarismo que hoy no es una amenaza real, una izquierda emocional se muestra dispuesta a satisfacer las demandas identitarias de los grupos que la componen y hacerlo al precio de fraccionar y debilitar a un Estado democrático, de cuya fuerza y coherencia depende la posibilidad de una política de cambios. (El Mercurio)

Genaro Arriagada Herrera