El martes 18 la comisión investigadora del 18-O aprobó su informe final por 8 votos contra 4. La conclusión central es que hubo incumplimientos del gobierno de la época en el resguardo del orden público, que no existía capacidad preventiva ni un sistema de inteligencia robusto, que las instituciones no compartían información entre sí, y que faltaba desarrollo normativo sobre infraestructura crítica y reglas de uso de la fuerza acordes al nivel de violencia.

Lo notable, sin embargo, no es lo que el informe encontró, es lo que no encontró. Pues la comisión, creada en abril de este año por iniciativa del Partido Nacional Libertario, se había conformado precisamente para identificar a autores, cómplices e instigadores de la violencia, además de detectar rastros de financiamiento. Cuatro meses después, y según lo que se ha reportado del texto, no hay nada de eso, solo un diagnóstico sobre coordinación institucional.

El problema es que al no nombrar a nadie en particular, le asigna la culpa a todos por igual. Un texto que concluye que falló el Estado no está atribuyendo responsabilidad, está distribuyéndola. Pero el asunto es que el Estado no delibera ni decide. Deciden personas que ocupan cargos, que firman documentos, que hablan en público o que deciden callar. Repartir la culpa entre todos por igual es la manera más limpia de no imputársela a nadie en particular. Cuando la conclusión es que falló el sistema, el resultado es que no falló nadie.

Peor todavía, el texto quedó tan corto de lo que podría haber sido que ni siquiera obtuvo respaldo del único sector que tenía algo para ganar, y terminó dividiéndolo más de lo que ya estaba. Menos de 48 horas después de su aprobación, RN lo calificó como injusto y sin fundamento, la UDI anunció que lo rechazará en Sala y Evópoli tuvo que salir a defender el legado de Piñera. Así, el informe creado para establecer responsabilidades en octubre de 2019 terminó dividiendo a la derecha en agosto de 2026.

Pero lo relevante no tiene nada que ver con el estado de la unidad en el oficialismo. El problema de fondo es que una conclusión institucional no es sólo una descripción del pasado, es también lo que define qué se puede exigir hacia adelante.

Si el problema fue que las instituciones no compartían información, entonces lo que corresponde es coordinarlas mejor, modernizar la inteligencia y ajustar protocolos. Nada más. Establecido ese diagnóstico, revisar qué se dijo en esos meses, quién lo dijo y con qué efecto pasa a ser un ejercicio ajeno al problema, porque el problema quedó definido como administrativo. La conclusión cierra el pasado y fija la agenda al mismo tiempo, y por eso mismo no solo libera a los responsables, sino que deja el camino abierto para que ocurra de nuevo.

Ahora bien, si con seis años de distancia no fue posible identificar siquiera a quienes quemaron estaciones de metro, menos probable es llegar a los responsables invisibles, que son las narrativas que hicieron el trabajo pesado. El centro de tortura de Baquedano que Beatriz Sánchez dio por confirmado y que la Fiscalía descartó en horas.

El perro matapacos convertido en emblema. El que no baila no pasa instalado como consigna. Las primeras líneas recibidas con honores en el ex Congreso. El “cómo quieren que no lo quememos todo” de Catalina Pérez, con edificios públicos ardiendo de fondo. Nada de eso ocurrió dentro de una repartición pública, ninguna reforma administrativa lo alcanza, y ningún diagnóstico sobre coordinación institucional lo tiene en su radar.

Y ahí está la comparación que conviene hacer. El 3 de diciembre de 2021, en el ex Congreso Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención entregó su Informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, con los testimonios de 282 audiencias públicas, un apartado dedicado a la violencia política que incluía el estallido, y copias depositadas en el Archivo Nacional para su resguardo histórico.

La diferencia entre ese texto y el de esta semana no está en el contenido sino en la ambición. El de 2021 se elaboró para dejar fijada una versión de los hechos y para usarla, tanto así que uno de sus coordinadores señaló en la ceremonia de entrega que serviría de base para la redacción de la nueva Constitución. No fue un ejercicio de memoria, fue un insumo normativo.

El de 2026, en cambio, se elaboró para cerrar un trámite.

Por lo mismo, el resultado es que el único registro parlamentario del 18-O queda cerrado con un texto que establece que no hubo autores. Quienes le dieron sentido político a la violencia mientras ocurría quedaron absueltos, e, irónicamente, los absolvió el mismo sector que llegó al poder prometiendo exactamente lo contrario.

Algunos podrán descartar el asunto como irrelevante, en tanto al menos permite cerrar un ciclo y volcar la vista hacia adelante. Pero es al revés. Importa hacerlo bien precisamente por su carácter histórico. Las versiones de la verdad que fijan las instituciones representativas ordenan los debates que vienen después. La oposición actual supo aprovechar muy bien su momento para eso en la Convención. La derecha, en cambio, ha sido incapaz de cimentar su propia verdad histórica sobre el hecho más polémico desde el retorno de la democracia.

Seis años después de octubre de 2019, con toda la información disponible, con mayoría propia en la Cámara y con un mandato que pedía identificar autores, cómplices e instigadores, la única versión oficial del episodio dice que la culpa fue del aparato. La pregunta que queda abierta, entonces, no es si el informe se aprueba o se rechaza en Sala. Es dónde están los responsables, y quién los va a nombrar si no lo hace este Congreso. (Ex Ante)

Kenneth Bunker