Durante estas últimas semanas el libro de George Orwell “1984”, publicado en 1949, logró estar entre los más vendidos por Amazon, a propósito de la discusión sobre las noticias falsas y la posibilidad de definir verdades únicas y verificables. En nuestro país, en un contexto de emergencia como el que hemos vivido, el comienzo de la persecución penal de la difusión de mensajes falsos representa para las libertades públicas un peligro, especialmente en caso de extenderse a otros casos en el futuro, que perpetúa la posición de los jueces y el Ministerio Público como guardianes de la verdad.
La existencia de este caso es representativa para realizar un debate público sobre cómo enfrentar la existencia de noticias falsas. En mi opinión, ello no debiera implicar un castigo penal como el que está buscando el Ministerio Público. Primero, porque resulta complejo determinar la “verdad” en un caso u otro, aunque se le trate de definir como una realidad objetivamente verificable. Lo cierto que es la mayoría de los casos existirá una delgada línea entre la información y opinión. Segundo, porque se debe evaluar la intención de quien difunde un mensaje falso, porque el Estado no podrá asumir que todos quienes usamos las redes sociales somos personas informadas y juiciosas en la forma de evaluar y dar credibilidad a una fuente sobre otra. Tercero, porque resulta complejo determinar el efecto que tienen las noticias falsas, dado que constitucionalmente es cuestionable que puedan castigarse de forma abstracta expresiones solo por el peligro que representan, sin comprobar que exista un nexo causal indubitado entre el mensaje y la confusión (o la violencia, o cualquier otro efecto nefasto) que produzca su propagación. Dicho de otro modo, no debe ser la misma respuesta penal el vertido de una sustancia tóxica en un río, que la difusión de una información falsa en redes sociales.
El problema de las noticias falsas, como este caso, nos puede llevar a dos alternativas.
La primera, con una solución paternalista, en la cual confiamos que los jueces, el Ministerio Público o el Congreso serán los guardianes de la verdad, y protegerán por la vía del castigo penal a quien confunda a la población. La segunda posibilidad, más propia de un sistema donde priman las libertades públicas, se basa en la idea en que la verdad triunfa sobre la falsedad en el mismo discurso. Esto último se pudo comprobar en este caso -y otros de noticias falsas durante estos días- con la circulación de mensajes en sentido contrario a la información falsa, en las mismas redes sociales, y ampliamente en los medios tradicionales. El efecto en desmentir aquello finalmente se demostró ser falso, y la crítica a sus emisores (incluso aunque hayan decidido optar por mantener el anonimato), es aquello que finalmente hace que la verdad prime por sobre el discurso falso.
En esta segunda solución, somos nosotros como sociedad los jueces de la verdad, no el Estado.
Al mismo tiempo, también como sociedad, valoramos la responsabilidad en el uso de las redes sociales. En tal sentido, si el Estado quisiera intervenir, sería mejor hacerlo en políticas que aumenten la alfabetización informativa, en lugar de castigos que impliquen la posición de jueces y fiscales como guardianes de la verdad.
El castigo penal de las noticias falsas, como el que se plantea, en caso de extenderse, nos llevará más a la figura del “ministerio de la verdad”, del libro “1984”, más que a un sistema que se base en el libre flujo de información que en el cual los ciudadanos seamos quienes hacemos primar la verdad sobre por sobre la información falsa. Los guardianes de la verdad somos todos nosotros. (La Tercera)
