A rectores -de las universidades estatales, del G9 y privadas-, a los estudiantes, a exlíderes estudiantiles, a expertos, a vastos sectores del oficialismo y a la oposición. Todos en contra.

No fueron suficientes los dos años de trabajo y las más de 200 reuniones prelegislativas del Ejecutivo. El resultado es una propuesta que no trae buenas noticias para la educación superior chilena. Más aún, nos enfrentamos a una extensa y confusa maraña burocrática,  que va a traer como consecuencia la paralización del mundo universitario ante la cantidad de complejas reglas y exigencias, que incluso se llegan a contraponer unas con otras.

Sin hablar de la burocracia e intervención del Estado para los planteles que opten por la gratuidad, con fijación de aranceles -diferenciados por NSE- y de número de vacantes, y un sistema de admisión también intervenido por la autoridad, al igual que los fondos basales, que van a sustituir a los aportes fiscales directos e indirectos. Todo ello lleva a la reforma precisamente a atentar contra los pilares que dice impulsar y que son básicos para una educación de calidad: la autonomía y libertad de los planteles. Se va a destruir la sociedad docente para dar paso al Estado docente. Y la pregunta de fondo que el gobierno no responde: ¿Qué queremos para Chile: buenas universidades o sólo universidades estatales?

Como si esto no fuera suficiente, también ha quedado claro que en la campaña simple y conscientemente se prometió algo que no se podía cumplir.

Quienes votaron por Bachelet pueden acusar derechamente de engaño a quienes les prometieron la gratuidad universal para la educación superior. Se les aseguró que se haría una reforma tributaria de magnitud para recaudar 3 puntos del PIB, de los cuales dos tercios se destinarían a financiar la reforma educacional… Y ahora resulta que sólo alcanza para el 50% más vulnerable. Para avanzar con su promesa electoral se requiere recaudar ¡6 puntos extra del PIB!, el equivalente a dos reformas tributarias como la que ya se hizo, dejando de lado además las otras necesidades sociales. ¿Un error de cálculo? Me quedo con  las palabras de Giorgio Jackson: simplemente se prometió algo que “sabían que no se podía cumplir”.

Asimismo, el programa de gobierno de Bachelet asegura que en seis años llegaríamos a la gratuidad universal y ello ya no ocurrirá. ¿Habrá gratuidad universal? Más que difícil. “No va a existir nunca”, señala el exministro concertacionista y expresidente del Banco Central, José De Gregorio. Los cálculos más optimistas hablan de que se podría lograr en 2036, pero otros aseguran que no pasará nada antes del 2060… Si es que llega a ocurrir alguna vez.

Gobernar exige seriedad y responsabilidad. No admite negligencias, ni errores tan gruesos en el cálculo de las políticas públicas.  Menos prometer sabiendo que no se puede cumplir.

La Tercera/La Tercera