El reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la educación superior ha generado múltiples reflexiones. Una de ellas debiera haber sido, pero no lo ha sido, que dicho informe no encuentra un problema de competitividad en el sector de las universidades.
Uno de los temas que llevó a dicho estudio fue la existencia de personas que recibían educación superior, pero dicha educación no les rentaba. Más bien hubieran estado mejor sin ella. La pregunta era entonces si dicho resultado se debía a un problema en el funcionamiento de las instituciones y la forma en que ellas informaban sobre los programas que ofrecían. Al respecto, el informe de la FNE concluye en recomendar una serie de mejoras en la información que se provee a los potenciales estudiantes.
El estudio encuentra un porcentaje preocupante de Valores Presentes Netos negativos. Estos valores negativos se encuentran imputando como costo de los estudios la totalidad de la matrícula, aún cuando muchos alumnos estudian con becas o con gratuidad. Por lo que dichas estimaciones se acercan más a una estimación del retorno para la sociedad y no del retorno para la persona específica que estudia. Las implicancias, entonces, debieran referirse más a la necesidad de cambios en la política pública.
Es importante notar que esta rentabilidad negativa se da después de muchos años de disminución del retorno a la educación superior. En parte esto se ha debido a que, atraídas por retornos muy grandes (obtenidos por sus padres o sus hermanos mayores), muchos jóvenes hicieron importantes esfuerzos por terminar su educación superior. Pero dichos esfuerzos tuvieron la consecuencia de disminuir dichos retornos (una consecuencia esperada en un marco analítico de oferta y demanda: cuando aumenta la oferta, bajan los retornos).
La caída en los retornos es consecuencia, además, del enlentecimiento del crecimiento de la economía (que lleva a menor demanda). En este contexto, la política pública procedió equivocadamente a proveer un fuerte incentivo al aumento del número de graduados a través de la gratuidad, agravando el problema.
Es importante recordar que la revuelta de octubre 2019 tuvo como antecedente un fuerte deterioro del mercado de trabajo de los jóvenes, que fue particularmente fuerte para los jóvenes con educación superior (ver Sapelli y Órdenes 2024). Esto nos permite constatar que ya hace muchos años que hay un exceso de oferta de graduados de la educación superior. En dicho contexto, las políticas respecto al financiamiento de la educación superior han incentivado a las personas a tomar caminos que no son beneficiosas para la sociedad y en muchos casos tampoco para ellas mismas.
El enorme gasto en financiar la gratuidad aparece entonces como un error, que genera desilusión y frustración. A su vez, hay un mucho mejor destino para dicho financiamiento: se pudo haber financiado la educación preescolar, que está demostrado tiene un enorme retorno social.
Concluyendo, la gratuidad ha resultado en poco beneficio para la sociedad, agrandando un grupo que, producto de sus malas experiencias en el mercado laboral, cuestionan el funcionamiento del sector y descreen de los aspectos meritocráticos del mismo, ya que se esfuerzan, pero dicho esfuerzo no tiene la recompensa esperada. Que una política del Estado tenga estas consecuencias parece un despropósito. (El Líbero)
Claudio Sapelli
