La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,4% en el trimestre abril – junio de 2026. No es solo una cifra: es una señal de alarma para un país que todavía no logra recuperar el dinamismo suficiente para absorber a quienes buscan trabajo y mejorar la calidad del empleo, especialmente en los grupos más afectados por el desempleo como son las mujeres, jóvenes y muchos profesionales sobre 50 años que llevan, en promedio, más de 10 meses sin un trabajo formal.

El dato del INE confirma una realidad incómoda: mientras la fuerza de trabajo crece más rápido que los puestos disponibles, miles de familias siguen enfrentando incertidumbre, menor ingreso y, cada día, mayor fragilidad social. La situación se agrava al mirar la informalidad laboral que alcanzó un 27%.

Tal como lo indicó hace unos días en una columna en el diario La Tercera, el rector de INACAP, Lucas Palacios, “no podemos seguir postergando qué hacer con la falta de empleo. El desempleo tiene impactos económicos relevantes, pero también representa un problema social y humano que se extiende por todas las regiones de Chile. Más aún: representa un problema de dignidad, ya que los afectados no encuentran la posibilidad de aportar, sacar adelante a sus familias, ni ser parte del desarrollo de su país. De alguna forma, se sienten excluidos”.

En otras palabras, no basta con hablar de creación de empleo, hay que hablar de empleo formal, de calidad y estable porque, de lo contrario, el mercado laboral seguirá expandiéndose a ocupaciones informales, situaciones precarias que no resuelven el problema de fondo.

Es en esta línea que destaco iniciativas como la Cruzada X el Empleo, impulsada recientemente por la CPC, INACAP y Empresas x Chile, que busca convocar y sumar voluntades para alcanzar una meta de 20 mil nuevos puestos de trabajo en seis meses. Por supuesto, no es suficiente, pero desde el mundo privado estamos desarrollando alternativas concretas de solución como ésta.

Esto pese a que por parte de los empresarios, especialmente las pymes, la legislación laboral vigente no solo ha aumentado el costo de la contratación sino que presiona, en muchos casos, a juicios laborales alejados de la realidad.

No podemos estar en contra de leyes tan significativas como el aumento del sueldo mínimo, la ley de 40 horas y ley Karin o estar de acuerdo con avanzar en el eternamente discutido proyecto de sala cuna universal, pero nadie puede negar que la agenda laboral de los últimos años se ha convertido en una carga adicional para toda empresa al momento de decidir contratar a un nuevo trabajador, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Con este escenario insisto en que empleadores, trabajadores y Gobierno compartimos un objetivo común que la ideología muchas veces pierde de vista: una mejor formación para el trabajo y la adaptación a los cambios tecnológicos. Entonces la certificación de competencias, la capacitación continua y la vinculación público privada con la educación técnico profesional son algunas de las claves para elevar la productividad y mejorar el mercado laboral.

Según el Fondo Monetario Internacional, cerca del 40% del empleo mundial está expuesto a la Inteligencia Artificial; en economías avanzadas la cifra sube a cerca del 60%, mientras que en economías emergentes y de bajos ingresos se estima en 40% y 26% respectivamente.

Durante el primer semestre del 2026, según un estudio de Trabajando.com, el 7,2% del total de ofertas de empleo publicadas en su plataforma solicitaba explícitamente conocimientos o herramientas de IA, triplicando el 2,4% del mismo periodo del 2025.  De esos avisos que mencionan IA, el 83,1% la exige como requisito para el cargo.

Entonces la revolución tecnológica y la inteligencia artificial ya están transformando el mercado laboral chileno y seguimos creyendo equivocadamente que lo hará en un futuro. El nuevo empleo exige hoy habilidades digitales avanzadas, adaptabilidad continua y competencias socioemocionales para complementar la automatización.

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), se estima que el 40% de las tareas laborales actuales en Chile serán automatizadas o profundamente modificadas hacia 2030.  ¿Qué estamos haciendo – empleadores, trabajadores y Estado – para hacernos cargo?

El desafío no se resuelve con más diagnósticos, sino con cooperación efectiva. Las empresas necesitamos trabajadores mejor preparados; los trabajadores requieren trayectorias de desarrollo profesional y mejores salarios; y el Estado debe facilitar reglas, incentivos y formación pertinente, promoviendo la contratación y no dificultar la empleabilidad.

Cuando esos tres mundos trabajen coordinadamente a largo plazo, no con la clásica visión cortoplacista de un gobierno de turno o con una idea errada de que los empresarios somos enemigos y no quienes arriesgan, invierten y generan empleo, no sólo crearemos más empleo: crearemos más y mejores oportunidades para crecer con cohesión y futuro poniendo siempre a las personas en el centro. (Ex Ante)

Ricardo Mewes