Hemos conocido en estos días que la economía chilena encadenó su quinto mes consecutivo en rojo. La tentación inmediata es quedarnos con el diagnóstico técnico: baja productividad, alza en los costos de contratación, un mercado laboral rígido, incertidumbre tributaria. Todas explicaciones reales, razonables, y necesarias de abordar. Pero si nos quedamos solo ahí, estamos mirando el síntoma y no la enfermedad. Hay una pregunta más incómoda que deberíamos hacernos: ¿es la política chilena capaz, hoy, de estar a la altura de los desafíos que el país tiene por delante? Los números sugieren que no.
Desde el retorno a la democracia en 1990 se han presentado 36 acusaciones constitucionales contra presidentes, ministros e intendentes. Solo tres prosperaron. Pero el detalle importa: entre 1990 y 2016, veintiocho años bajo el sistema binominal, hubo 16 acusaciones y apenas 2 fueron aprobadas. Desde 2017, con el sistema proporcional en régimen, hemos acumulado 20 acusaciones en solo nueve años, con una sola aprobada.
En menos de un tercio del tiempo, más acusaciones que en las tres décadas anteriores combinadas. Y no por casualidad: estos mismos nueve años concentran el peor desempeño económico, político y social desde 1990.
La acusación constitucional es, en su diseño original, un mecanismo de control excepcional: una herramienta para casos graves de infracción a la Constitución o abandono de deberes. No fue pensada como instrumento de desgaste cotidiano ni como máquina de la oposición de turno contra el gobierno de turno. Cuando se banaliza su uso, se pierde su función y se convierte en otra cosa: una trinchera permanente donde la política deja de construir y se dedica a destruir.
El sistema proporcional, al fragmentar el Congreso en una multiplicidad de bancadas pequeñas, hace que los incentivos para construir mayorías estables se debiliten. Cada sector negocia desde su fracción, sin necesidad real de ceder ni de proyectar una gobernabilidad de mediano plazo. El resultado es un Congreso que legisla poco de lo principal, y que fiscaliza mucho —muchas veces con fines más políticos que institucionales— y que le resulta cada vez más difícil ofrecerle certezas al país.
Mientras la clase política se desgasta en esta lógica de trinchera, son los ciudadanos —los que están lejos de ella— quienes terminan pagando los costos. Se pagan en empleos que no se crean, en inversión que se posterga, en pymes que no contratan por la incertidumbre regulatoria y política, en un país que lleva meses en rojo económico sin que exista la capacidad política de generar los acuerdos necesarios para revertirlo.
No se trata de restarle importancia a los problemas estructurales de productividad y costos de contratación. Se trata de entender que esos problemas no se resuelven en un sistema político que premia la confrontación por sobre el acuerdo, y que no fue diseñado para construir las mayorías estables que un país necesita para tomar decisiones de largo plazo.
Cambiar el sistema político es hoy la urgencia social más grande de Chile. No es nostalgia por el pasado: es una convicción basada en la evidencia de casi treinta años de funcionamiento comparado. El sistema binominal, con todas sus imperfecciones, le dio a Chile algo que hoy escasea: gobernabilidad. Permitió que los gobiernos gobernaran, que las oposiciones fiscalizaran sin bloquear, y que el país construyera acuerdos transversales en pensiones, educación, salud e infraestructura que hoy parecen imposibles.
Volver a un sistema que privilegie la formación de mayorías estables, por sobre la representación proporcional pura de cada sensibilidad política, no es una fórmula mágica. Pero es un camino urgente a ejecutar si queremos que la política vuelva a ser una herramienta de solución y no de desgaste.
Chile no solo necesita mejores políticas económicas. Necesita, primero, una política capaz de producirlas. (El Líbero)
Sebastián Torrealba