El estancamiento económico de Chile no es un misterio. Es aritmética.

El debate público explica el bajo crecimiento por factores externos: el cobre, la desaceleración global, la incertidumbre política. Son reales, pero no bastan: Chile creció sobre 5% promedio entre 1990 y 2013, y lleva ya una década completa por debajo de ese umbral. La explicación más incómoda es doméstica: legislamos sin sumar.

Entre 2014 y 2024 el Congreso aprobó al menos 13 cuerpos legales con impacto directo en el costo de operar una empresa en Chile: dos reformas tributarias que subieron la tasa corporativa y gravaron las rentas del capital; una reforma laboral y la ley de 40 horas, que elevaron el costo por hora trabajada; la Ley REP, la ley de plásticos de un solo uso y la ley de etiquetado, que impusieron nuevas obligaciones ambientales y de packaging; y la Ley Karin; la ampliación de la responsabilidad penal empresarial; la ley de protección de datos, y la ley de ciberseguridad, que sumaron protocolos y cargas de cumplimiento. A eso se agrega el alza sostenida del sueldo mínimo.

Cada una de estas leyes, vista por separado, tiene una justificación atendible. El problema no es ninguna en particular: es que nadie las sumó. Legislamos en silos —Trabajo protege, Medio Ambiente eleva estándares, Hacienda recauda, Justicia fiscaliza— y cada ministerio diseña su reforma desde su propia lógica. Chile calcula con rigor el costo fiscal de una ley, cuánto le cuesta al Estado, pero rara vez estima el costo privado de cumplirla.

Esto no es ideología; es institucional. Douglass North mostró que el desarrollo depende de instituciones que reduzcan la incertidumbre; Ronald Coase, que toda regulación genera costos de transacción que, acumulados, reducen la eficiencia de la economía completa. Cuando cae la rentabilidad esperada de invertir, ocurre algo predecible: se posterga una planta, no se abre una sucursal, una pyme no contrata. El resultado no aparece en el titular del día siguiente; se manifiesta lentamente, en menos productividad y salarios que avanzan más despacio. La paradoja es que el mismo Estado que legisla para recaudar más termina recaudando menos, porque la base imponible se contrae.

El empresario, que Schumpeter describía como quien transforma una idea en riqueza asumiendo riesgos, ha terminado siendo tratado en Chile más como un problema que como un activo estratégico. Se olvida algo simple: sin inversión privada no hay innovación, y sin productividad no hay crecimiento sostenible.

Los países que mejor enfrentan este desafío no legislan menos: legislan mejor, porque miden antes de decidir. Alemania tiene un Consejo Nacional de Control Normativo que revisa el impacto regulatorio antes de aprobar leyes, y la OCDE exige a sus miembros medir el impacto acumulado de la regulación —lo que llama Regulatory Impact Assessment— antes de seguir sumándola. Chile no cuenta con nada parecido: cada proyecto llega al Congreso con su informe financiero, que calcula el costo fiscal, pero no el costo privado, y se suma a un stock regulatorio que ya pesa.

Hacer esto bien no requiere legislar menos. Requiere publicar un registro actualizado de la carga regulatoria por tamaño y sector, exigir que todo proyecto incluya un análisis del costo privado de cumplimiento, y establecer que, sobre un umbral definido, el proyecto pase por evaluación independiente antes de votarse.

No se trata de no legislar. Se trata de legislar sabiendo cuánto cuesta, quién lo paga y si el país puede permitírselo. Porque el verdadero costo de legislar sin sumar no lo terminan pagando las empresas: lo termina pagando todo el país. (El Líbero)

Cristóbal Yuraszeck