Uno de los grandes peligros que enfrentan las sociedades abiertas —o las que anhelan serlo— es el control del discurso, lograr que lo que la gente dice, lee, escucha o vea, o lo que los medios escriban o transmitan, se ajuste a un único punto de vista que se juzga mejor, más correcto o cercano a la verdad que cualquiera otro.
Pero eso está ocurriendo en la Convención Constitucional. Se están imponiendo allí múltiples pretextos y argucias teóricas (es decir, argucias disfrazadas de teoría) para controlar la libre expresión.
¿Cuáles serían ellas?
Ante todo, el abandono de la neutralidad del Estado en cuestiones controversiales, que, por su misma índole, deben estar entregadas al libre debate. Desgraciadamente el informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios—cuyo nombre es ya un indicador del exceso con que sus autores conciben sus propias capacidades— establece como deber del Estado garantizar y fomentar “la educación mediática con perspectiva de género, feminista y no sexista, derechos humanos, descentralizada y plurinacional en los medios de comunicación” (sic). Prescribir que el Estado debe promover y garantizar contenidos específicos en cuestiones tan controversiales como la perspectiva de género, el feminismo o incluso las formas de concebir los derechos humanos, atenta contra el libre debate de ideas. Transformar en un deber estatal la promoción de asuntos de índole moral o antropológica que se discuten en la esfera pública (y que forman parte de la misma pluralidad que el informe procura estimular) incurre en el error de emplear la fuerza del Estado para imponer los propios puntos de vista.
Se suma a lo anterior, la cuestión de las identidades. En una sociedad abierta, las culturas originarias tienen derecho al reconocimiento de su cultura; pero ello es distinto a que tengan derecho a preservarla. Una cosa es reconocer la identidad de una cultura; otra distinta es proteger su integridad. Los derechos individuales (de los que también son titulares, es de esperar, los indígenas) incluye el derecho a criticar y abandonar la propia cultura y descreer de ella. Las culturas, minoritarias o no, están plagadas de prejuicios, creencias e ideas que, sometidas al libre escrutinio y la crítica, pueden ser modificadas o incluso abandonadas. Creer que el reconocimiento de la identidad debe equivaler a proteger la transmisión de “cosmovisiones, epistemologías, ontologías, espiritualidad, normas, tradiciones, prácticas sociales y culturales” es transformar el reconocimiento al que los pueblos originarios tienen derecho, en una utopía arcaica. Todo esto es —de nuevo—una forma de control del contenido de la expresión en la medida que las prácticas culturales protegidas se transforman en un coto vedado a la crítica.
Súmese a lo anterior el negacionismo, y el cuadro en su conjunto casi equivale a derogar la esfera pública. El negacionismo es, dicho simple y sencillamente, la pretensión de que hay ciertas verdades morales o históricas que el discurso no puede poner en duda o criticar. En otras palabras, reposa sobre la pretensión que se ha alcanzado una verdad incondicional a la que se debe, a ultranza, proteger. Hay aquí otra confusión frecuente (que la jurisprudencia comparada subraya) que es de esperar los académicos de la convención ayuden a despejar: entre sostener un punto de vista histórico o moral, por una parte, y justificar la ejecución de un hecho o incitar de manera idónea a que se produzcan por la otra.
A todo lo anterior se suma la idea —porfiada, pero errónea—que los medios obedecen a los intereses partisanos de sus dueños y no al mercado y a las audiencias y que el pluralismo debe existir al interior de los medios y no entre ellos. Estas ideas son profundamente erradas. Los medios en Chile (incluso a contrapelo de lo que sus dueños o controladores hubieran esperado) han contribuido más que cualquier asalto utópico a debilitar las élites y cambiar las costumbres y nunca como hoy había existido tanto medio independiente gracias a los bajos costes de transacción para sostenerlos.
Pero todo eso parece importar poco porque el diagnóstico sobre los medios (que parecen referirse a la época en que internet no existía, y la prensa escrita era el medio predominante) es otra de esas ideas recibidas que al menos en la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios parece estar más allá de toda duda. (El Mercurio)
Carlos Peña