Entre tanta vorágine pocos recuerdan que, en noviembre, además de las elecciones presidenciales, se renueva el Congreso. Se elige la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, incluyendo las dos regiones más pobladas: la Región Metropolitana y la Región del Biobío. Esta elección ocurre en el contexto de lo que una nota de este diario denominó el “jubilazo” para referirse al retiro de una generación política; además de ello, la ley que limita las reelecciones hará que los viejos pactos y posiciones queden en nada y nos encontremos con una nueva clase política en marzo.
El Congreso actual tiene alto poder y desprestigio. Ha sido mucho más activo que anteriores jugando un rol importante en la pandemia y en la crisis política. Hizo posible el acuerdo de noviembre de 2019, agregando la paridad y los cupos reservados para pueblos originarios. También dictó el marco regulatorio para aumentar la elegibilidad de los independientes. También ha aprobado la extensión del estado de emergencia y, con ello, entregado las herramientas para las medidas del Ejecutivo al respecto, incluyendo el toque de queda. Los críticos de su desempeño en este tiempo destacan los retiros de AFP entre sus puntos negros, que han perdido el criterio de excepcionalidad, toda vez que se discute por cuarta vez, y no se descarta seguir con esa iteración.
El nuevo Congreso estará lleno de figuras distintas , pero la mayoría será elegida en pactos y cupos acordados por los partidos. Por suerte, no prendió esa idea que el grupo de poder Espacio Público ha promovido respecto de permitir a los independientes agruparse, y supuestamente competir en igualdad con los partidos políticos. Hay que recordar que estos últimos están sometidos a fuerte fiscalización del Servel respecto de sus decisiones internas, y a normas de transparencia respecto de sus finanzas. Para los partidos es imposible tener un Tricel secreto como el que ocupó la Lista del Pueblo para designar al exdirigente sindical Cristián Cuevas como su candidato presidencial.
Esto implica que serán los partidos, desprestigiados, apuntados con el dedo como parte de la culpa de la crisis, los que deberán buscar figuras, y los independientes asociarse a quienes representen mejor su ideario para competir por un escaño en el Congreso. Aunque algunos puristas pueden ver con mal ojo ese poder, es una oportunidad cierta para el cambio.
Para las colectividades políticas acostumbradas a la sandía calada que otorgan los parlamentarios de siempre se abren problemas de elenco. No es tan sencillo buscar candidaturas; sin duda, los mejores perdedores de las elecciones de convencionales o de gobernadores son buenas candidaturas, e incluso anteriores; por el caudal de votos que tienen, pero deben superar esa sensación de sillita musical que se buscó cambiar al establecer límites a las reelecciones.
El nuevo Congreso tendrá en su poder la decisión respecto de una eventual postergación del plazo de la Convención Constituyente. Varios, incluyendo a algunos de sus integrantes, advierten que julio de 2022 es demasiado pronto para tener una propuesta de texto constitucional. En las cercanías de ese tiempo, varios y varias se tentarán de seguir deliberando y con ello mantenerse en la atracción de la opinión pública. El nuevo Congreso tendrá que decidir si toma un rol definitivo en las nuevas leyes o cede el protagonismo a la Convención por un tiempo más. (La Tercera)
Carlos Correa
