El domingo pasado sostuve en este medio, sobre la base de un trabajo realizado con mi colega Jorge Bravo, que la pobreza en Chile se viene subestimando hace años. Particularmente, en 2022 no es de 6,5%, sino que estaría en el orden de 11%.
La subsecretaria de Evaluación Social se refiere ayer en términos generales a esta crítica, pero sin abordarla directamente, esquivando así el fondo del argumento.
Parte señalando que en el cálculo de pobreza participaron reputadas entidades; la vieja falacia del magister dixit. Indica luego que son legítimos los debates metodológicos en torno a la definición de la línea de la pobreza, lo que no viene al caso, porque nunca cuestionamos dicha definición, sino el indexador que se usa para llevarla de un año a otro. Termina llamando a “cuidar el patrimonio estadístico del país”, lo que no puedo sino interpretar como una velada disuasión a quienes disentimos de los cálculos oficiales y nos atrevemos a publicar cálculos corregidos.
El error que detectamos es elemental.
Veamos. La Casen obtiene los “ingresos totales” de los hogares, agregando a sus ingresos monetarios un componente contable, el “alquiler imputado”. Obviando tecnicismos, el cálculo de pobreza viene de comparar esos ingresos totales con un gasto mínimo —le llamamos “gasto referencial”— que deben poder solventar los hogares para no caer en pobreza. Incorporar el antedicho concepto contable en los ingresos totales exige que esté también reflejado en el gasto referencial. Aquí no hay dos opiniones: quienes defienden que el alquiler imputado no afecta el cálculo de pobreza lo hacen sosteniendo que aquel también está reflejado en el gasto referencial.
El caso es que, si alguna vez estuvo correctamente reflejado en el gasto referencial, ya no lo está. De la propia Casen se deduce que la inflación en el alquiler imputado para el primer quintil de ingresos ascendió a 116% entre 2015 y 2022, mientras que, al interior del gasto referencial, el gasto no alimentario, donde se supone que estaría el alquiler imputado, se reajustó en solo 32%. No hay cómo cuadrar esos dos números con los cálculos pasados: si el de 2015 estuvo bien, entonces el de 2022 está mal.
El gasto referencial, definido en 2013, a partir del cual se viene reajustando la línea de pobreza, tenía tres componentes: el gasto alimentario, el alquiler imputado y los demás. No hay que leer a Tinbergen para concluir que su reajuste exigía tres indexadores distintos, no dos, como en cambio se viene haciendo, imputando a los últimos dos componentes un único indexador: el crecimiento del IPC no alimentario. Tampoco hay que ser experto contable para concluir que, por consistencia, el indexador para el componente contable debía ser idéntico a la inflación en el alquiler imputado para el quintil de referencia, que sí se refleja íntegramente como aumento en los ingresos totales y que da cuenta, ni más ni menos, del 50% del aumento de los ingresos totales del primer quintil entre 2015 y 2022.
Hecha esta corrección elemental —que no es una “elección metodológica”, sino hacer las cosas como corresponde—, la pobreza sube de 6,5% a niveles del orden de 11%. (El Mercurio)
Jorge Quiroz
