¿Es el CAE culpable de los problemas de la educación superior en Chile? La pregunta es provocadora, pero engañosa. El Crédito con Aval del Estado es solo una herramienta. El problema ha estado en cómo se diseñó, corrigió y discutió durante estas dos décadas. Surgió en 2005 para resolver un problema real: que jóvenes con talento e interés no quedaran fuera por no tener con qué pagar. Pero lo hizo con defectos importantes: tasas de interés altas, cuotas poco vinculadas con la capacidad de pago, una participación privilegiada de la banca y garantías estatales que generaban escasos incentivos para una cobranza eficiente.

Algunas de esas fallas fueron corregidas durante el primer gobierno de Piñera: la tasa se redujo al 2% y el pago se limitó al 10% del ingreso. Faltó transformarlo en un crédito contingente al ingreso, con cobro automático y protección efectiva para quienes ganaran poco.

Lo que vino después fue distinto. La crítica legítima al diseño se convirtió en condena moral al crédito mismo. La gratuidad pasó a ser —para el segundo gobierno de Bachelet y buena parte de la coalición que la apoyaba— el único mecanismo compatible con la justicia. Y la promesa de condonación debilitó el incentivo a pagar. No hace falta atribuir mala fe a los deudores: cuando el Estado anuncia que una obligación puede desaparecer, las expectativas y la conducta cambian. Es elemental. Y es el resultado predecible de una forma de hacer política pública que premia el símbolo sobre el diseño.

En Chile llevamos un buen rato evaluando herramientas de política pública desde la ideología y el discurso partidista, no desde su capacidad para conseguir bien un objetivo. El CAE no se analizó como mecanismo de financiamiento —con sus costos, sus incentivos, sus efectos distributivos— sino como emblema de un modelo que había que superar. En ese marco, mejorarlo no interesaba. Había que eliminarlo.

El resultado: se prometió gratuidad sin calcular bien el costo fiscal, se anunció condonación sin modelo de comportamiento, se criticó el instrumento sin proponer el reemplazo. Nadie quiso pagar el costo político de admitir que era más difícil de lo que parecía.

La gratuidad universal ilustra bien el problema. No es sinónimo de derecho a estudiar. Es una forma posible de financiarlo, y cara. Los recursos para pagar aranceles compiten con educación preescolar, salud, formación técnica y becas de manutención. Eliminar el arancel tampoco resuelve las barreras de información, transporte o capital cultural que impiden que muchos jóvenes vulnerables lleguen a matricularse o abandonen antes de titularse. Esos problemas requieren otras herramientas. Pero si la herramienta es símbolo, no se puede evaluar. Y si no se puede evaluar, no se puede mejorar. El CAE no es la excepción: es parte de un patrón.

La ofensiva de cobro recuerda que las deudas con garantía estatal las pagan todos. Cobrar con proporcionalidad y debido proceso es correcto, pero no reemplaza el rediseño. Los deudores enfrentan situaciones muy distintas entre sí. Una buena política debe distinguirlas.

Lo que produjo el CAE no fue un accidente. Fue el resultado de prometer sin diseñar, corregir a medias y luego usar el instrumento como munición ideológica. Mientras no haya costos políticos para quienes hacen eso, seguiremos repitiendo la historia —en educación, salud, vivienda y pensiones—. Confundir el instrumento con el objetivo tiene consecuencias. El CAE es apenas una de ellas. (Ex Ante)

Raphael Bergoeing