Vivimos el realismo mágico de la Nueva Mayoría. El nuevo voladero de luces son las Bases ciudadanas para una nueva constitución, que surgieron, supuestamente, de los cabildos impulsados por el gobierno de Michelle Bachelet. Así, lo que a todas luces ha sido un proceso constituyente más bien desprolijo e improvisado, es visto por la mandataria como «un tremendo logro que no puede ser opacado». Realidad paralela, porque si uno hace una mirada crítica al proceso, considerando cómo y qué se discute, es claro que estamos ante un burdo faroleo del gobierno, un bluff.
En primer lugar, la participación ciudadana durante todo el proceso fue bajísima y desbalanceada en muchos sentidos. La etapa previa de educación cívica y constitucional “impulsada” por el gobierno fue realmente burda. Simple pirotecnia comunicacional basada en el llamadoconstitucionario que parecía surgido, no de un libro de educación cívica, sino de series animadas.
En segundo lugar, y como producto de la mediocridad de lo anterior, la discusión constituyente fue más bien una decorada recolección de buenas intenciones, todas resumidas ―quien sabe bajo qué criterios― por los llamados facilitadores. Nadie sabe cómo se consignaron las diversas opiniones o cómo se procesaron los datos. Quizás, por eso mismo, a modo de excusa solapada frente al evidente desorden, la mandataria declaraba que toda la información del proceso no era propiedad de ella sino que patrimonio de todos los chilenos. Por arte de magia, en algún momento el gobierno dejó de ser responsable del proceso constituyente que impulsó. Ahora la pelota es de todos, o sea de nadie. El gobierno quiere hacer pasar por deliberación constitucional y ciudadana una encuesta de opinión de nombre pretencioso y proceder engorroso. Gato por liebre.
Como triste paradoja, en toda esta teatralización iniciada y publicitada por la Nueva Mayoría como proceso ciudadano, al que se le inyectaron casi 3 mil millones de pesos, solo participaron 204.402 personas. Un ejemplo de despilfarro bien planificado. Y eso que se gastaron 24 millones en una canción que pasó sin pena ni gloria. En otras palabras, la norma suprema que establece el carácter fundante del orden jurídico normativo quedaría a criterio de un focus group multitudinario. Eso, el gobierno lo quiere hacer pasar por proceso transparente, deliberativo y ciudadano. Esto no es un gran logro como dijo Bachelet, sino algo tremendamente opaco. (La Tercera)
Jorge Gomez, Fundación para el Progreso
