El abogado de la Presidenta

El abogado de la Presidenta

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La última vez que el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla (55 años) estuvo en La Moneda para dar su opinión jurídica sobre un tema álgido, con epicentro en el seno del gobierno, la reunión terminó a gritos y con el jurista dando un portazo a su salida del despacho del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

La escena ocurrió en abril del año pasado, cuando aún no se hacían públicas las boletas por un total de 16 millones de pesos que el ex jefe de gabinete y hombre de confianza de la Presidenta Michelle Bachelet había dado a la empresa Asesoría y Negocios SpA, de Giorgio Martelli, durante el período de precampaña y que se pagaron con fondos de SQM, la empresa minera no metálica controlada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce.

En esa ocasión, Peñailillo se reunió con Hermosilla para analizar el caso SQM. Había confianza entre ambos, vínculo que habían estrechado en los primeros años del gobierno de Sebastián Piñera, cuando formaron parte del equipo que se conformó al alero de la consultora Imaginacción para coordinar la defensa de los personeros del gobierno de Bachelet en la investigación de la fiscalía por las presuntas responsabilidades por las muertes en el 27/F.

Con el caso SQM a punto de estallar en La Moneda, Peñailillo confiaba en que podrían establecer una coordinación similar en las defensas. Por eso, no había dudado en aconsejarle a Martelli que hablara con Hermosilla y le pidiera asesoría legal. Lo que no previó Peñailillo es que, tras escuchar la versión del recaudador y ex operador del PPD, Hermosilla le recomendaría declarar toda la verdad ante la fiscalía y no asumir responsabilidades que les correspondían a otros. Así se revelaría el sistema de financiamiento de la denominada “precampaña”.

Detrás de la estrategia de Hermosilla, afirman cercanos al abogado, habría estado la intención de blindar a Bachelet a toda costa, incluso de la proyección política de quien era considerado el delfín político de la Jefa de Estado.

Esta semana, Juan Pablo Hermosilla mostró la misma vehemencia por proteger la figura de la Presidenta, al asumir la representación de la ciudadana Michelle Bachelet Jeria en la querella por injurias en contra de cuatro periodistas de la revista Qué Pasa -uno de los cuales, Juan Pablo Larraín, asumió el miércoles 1 como director de La Tercera-, por un artículo publicado en la sección Ojos de la Llave, en el que se daba a conocer parte de un informe del OS-9 de Carabineros enviado a la fiscalía con las transcripciones de las conversaciones telefónicas de Juan Díaz, un operador de la UDI involucrado en las gestiones inmobiliarias del caso Caval.

Hermosilla siguió adelante con la acción penal en contra de los profesionales por solicitud expresa de la Mandataria, pese a la opinión de miembros del comité político, de buena parte del oficialismo y de los consejos de varios abogados que, al ser consultados por La Moneda, recomendaron seguir acciones civiles y asegurar la intervención de los mecanismos de control ético del Colegio de Periodistas y de los medios de comunicación.

En La Moneda aseguran que Bachelet no estuvo dispuesta a escuchar razones de índole político, que desaconsejaban la vía judicial y que la instaban a seguir otra estrategia de defensa.

“Quiero decir que desmiento categóricamente, tajantemente, toda esa información, creo que es una canallada, una infamia y no descarto un montaje”, señaló Bachelet la noche del jueves 26 de mayo. El sitio web de la revista Qué Pasa, que a mediodía había adelantado el texto del “Ojos de la Llave” que aparecería en la edición impresa del día siguiente, subió durante la tarde una versión actualizada que sumaba nuevas frases de la transcripción de las conversaciones telefónicas de Juan Díaz y que endurecían las acusaciones del operador UDI en contra de la Mandataria, además de incorporar otras sobre el ex ministro Pablo Longueira.

Minutos antes de la declaración de la Mandataria, el medio había resuelto editar nuevamente la publicación, suprimiendo los párrafos que no habían sido considerados en la edición impresa -que a esa hora generaban polémica en redes sociales- y adjuntando una aclaración en la que pedía disculpas tanto a los personeros aludidos como a sus lectores.

“Estoy estudiando cuáles son las acciones legales que podemos tomar”, dijo, además, la Jefa de Estado.

Desde el Ministerio del Interior ya habían consultado la opinión de algunos abogados cercanos al oficialismo, entre ellos Isidro Solís, quien había representado a la familia de la Presidenta en algunas causas judiciales. El ex ministro de Justicia tiene el patrocinio de Angela Jeria, la madre de la Mandataria, en el juicio por la muerte como consecuencia de las torturas sufridas en prisión del general Alberto Bachelet. También defendió en 2005 a Francisca Dávalos Bachelet en un juicio a raíz de un choque en auto.

Tanto Solís como el resto de los abogados consultados por Interior habían llegado a conclusiones similares: las posibilidades de éxito de la querella eran inciertas y la batahola política que levantaría traería el caso Caval de regreso al seno de Palacio.

Fuentes de La Moneda que participaron de esas consultas aseguran que los abogados les adelantaron varios de los riesgos que corría el gobierno y que se harían realidad en los días siguientes. Entre estos, el hecho de que no era posible separar en la práctica el derecho de Bachelet a defender su honra de su rol como Jefa de Estado.

Pero Bachelet no sólo estaba indignada, afirman colaboradores del gobierno, también estaba preocupada de que la publicación de las conversaciones telefónicas de Díaz, que buscaban relacionarla con el caso Caval, trascendieran justo dos días después de que ella había prestado declaración voluntaria como testigo ante el fiscal que lleva la investigación, Sergio Moya.

El persecutor había estado en La Moneda el martes 24 de mayo. Bachelet y su entorno más directo temieron que ambos hechos pudieran contaminarse, por lo que tomaron la decisión de hacer público que la Mandataria había prestado declaración como testigo en el caso Caval.

Aun así, Bachelet no se tranquilizó. El jueves 26 de mayo pidió que la comunicaran directamente con Hermosilla y comenzó a esbozarse la acción judicial.

Para entonces, la Presidenta había pedido a su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, y al ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, manifestar su molestia ante la revista Qué Pasa.

El hecho de que el “Ojos de la Llave” de la versión impresa que circuló el viernes conservara su redacción original -incluyendo algunas de las alusiones de Díaz a la Mandataria- fue el argumento utilizado por el entorno de la Presidenta para dar curso a la acción legal. El lunes 30 de mayo, poco antes de partir con rumbo a Francia, Bachelet se reunió con Hermosilla en La Moneda y firmó la querella.

El abogado volvía a asumir el rol de representante legal de la Presidenta.

Leyes, clases y autos de lujo

Cuando en diciembre del año 2008 Eduardo Frei presentó al grupo de jóvenes profesionales que desarrollaría su propuesta programática para la fallida carrera presidencial contra Sebastián Piñera, el abogado Juan Pablo Hermosilla Osorio se mezclaba entre otros reconocidos rostros de la Concertación en el grupo denominado “Océanos Azules”.

Por esos días, el penalista ya era asesor del primer gobierno de Bachelet, particularmente en la Subsecretaría del Interior, ya que junto a su ex socio, el abogado Samuel Donoso, asesoraban al gobierno en las indagatorias por los casos de falsos detenidos desaparecidos

Ese episodio ha sido sólo uno de los vínculos públicos de Hermosilla con la política y su respaldo a programas de gobierno de la centroizquierda. En este segundo gobierno de Bachelet, el teléfono del connotado abogado ha sonado varias veces con llamados desde La Moneda.

Así se suman otras colaboraciones del ex alumno del Instituto Nacional, quien, siguiendo la tradición familiar, ingresó a estudiar Derecho a la Universidad Católica, escuela de donde egresó el año 1982. La última participación pública con autoridades de gobierno se debió a su rol como presidente de la comisión asesora presidencial creada por Bachelet con el fin de revisar y proponer modificaciones a la Ley Antiterrorista durante el año 2014.

Su designación para dirigir la propuesta de ocho expertos penalistas se debía -además de su cercanía con el Ejecutivo- a la reconocida trayectoria de Hermosilla como profesor de Derecho Penal, carrera que comenzó a cimentar desde sus primeros años de estudio como ayudante de su padre, el reconocido jurista Nurieldín Hermosilla.

Hoy, reconocido como uno de los mejores abogados en casos de alta complejidad e impacto mediático, Hermosilla -quien tuvo como uno de sus principales formadores al ex ministro de la Corte Suprema y autoridad en Derecho Penal Enrique Cury- maneja su propio estudio jurídico en la comuna de Vitacura y ha forjado un camino propio, lejos de la trayectoria de su padre y de su hermano, el también abogado Luis Hermosilla.

Fue a mediados del año pasado que Juan Pablo Hermosilla se separó de sus socios históricos -los abogados Samuel Donoso y Pedro Yaconi- y dejó las oficinas en calle Miraflores para llevar a su equipo hasta unas dependencias que diseñó especialmente en un sistema de planta abierta, un proyecto que él mismo definió como “un taller jurídico”.

Así, tras fichar al periodista Fernando Paulsen como el encargado de diseñar “la estrategia comunicacional” de las causas más importantes del estudio, Hermosilla inició una nueva etapa, donde ha asumido -entre otros casos- la representación de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima en la causa civil contra la Iglesia Católica.

Uno de sus casos más emblemáticos del último tiempo fue como abogado de Jorge Yarur Bascuñán en una disputa con sus primos Luis Enrique, Jorge Alberto y Juan Carlos Yarur Rey, a quienes acusó de pagarles menos del precio de mercado por sus acciones del Bci en una venta materializada en 1994. El pleito legal culminó con un acuerdo que benefició al cliente de Hermosilla con el pago de US$ 100 millones.

La irrupción del abogado en la arena pública, sin embargo, data de mucho antes, destacando como abogado defensor en casos de alta connotación, como los de la familia Zamorano Jones (1993) y de las víctimas de Roberto Martínez, alias “El Tila” (2002).

Por años, en tanto, el abogado se desempeñó como representante de CHV, a cuyo departamento de prensa defendió en causas como la demanda civil del ex fiscal Daniel Calvo por injurias y calumnias y una demanda penal por uso de cámaras ocultas a raíz de un reportaje en torno al caso Spiniak emitido por la señal el año 2003.

Otro de los casos más emblemáticos fue la defensa del canal que realizó Hermosilla ante el caso denominado como “nanas de Chicureo”, a raíz de la demanda de Inés Pérez, la vecina que acusó a la señal de televisión de daño moral por la edición de su entrevista en que comentaba el tránsito de las asesoras del hogar en su condominio. En esa oportunidad, la defensa de Hermosilla se fundamentó en que CHV se reservó su derecho a editar, que Pérez habría hablado libremente y que el segmento seleccionado no fue manipulado ni alteró el sentido de sus dichos.

Fue este rol de abogado del canal el que lo llevó a estrechar lazos con el ex director de CHV Jaime de Aguirre, a quien representa en la investigación por eventuales facturas irregulares que De Aguirre emitió a SQM.

En el mundo de los grandes bufetes, Hermosilla ha buscado alejarse del estilo tradicional de los abogados penalistas. El jurista es fanático del rock de AC/DC y, además de su trabajo como abogado, participa en varias empresas. Una de ellas es la agencia publicitaria Porta, empresa de la cual es socio fundador y que preside su amigo Raúl Menjíbar, con quien comparte el gusto por los autos de lujo.

De su rutina habitual, de hecho, sus cercanos cuentan que si no es trotando, es común verlo llegar a las oficinas de calle Espoz en un Land Rover modelo Range azul, en su Jaguar Coupe 5.0 o en una moto Ducati.

Pero es su trabajo como profesor una las actividades a las que dedica la mayor cantidad de su tiempo. Según relatan algunos estudiantes de sus cursos de Derecho Penal en la Universidad Diego Portales, Hermosilla no oculta su interés por la política y, más que dictar o fomentar la memoria de textos jurídicos, el abogado disfruta “aterrizar” a sus alumnos los conceptos legales tradicionales a la contingencia o a ejemplos de la vida cotidiana. Es en esa casa de estudios donde, además de dirigir los cursos principales de Derecho Penal, Hermosilla elaboró cátedras electivas sobre Ley de Drogas y Ley Antiterrorista.

Sus alumnos comentan que el hoy abogado de la Presidenta transparenta comúnmente su cercanía y colaboración tanto con el gobierno como en otras instancias de apoyo al Estado, como fue su labor en la capacitación de defensores y fiscales cuando se hizo la Reforma Procesal Penal.

Coqueteos con el poder

Una de las constantes del trabajo profesional de Hermosilla ha sido su representación a figuras políticas, todas vinculadas al oficialismo o a la izquierda.

Junto a Bachelet comenzó una relación ya en 2004, cuando la hoy Mandataria se desempeñaba como ministra de Defensa de Ricardo Lagos en un juicio indemnizatorio que inició un grupo de personas en el norte, después de que un tanque del Ejército chocara con el bus en el que viajaban. Seis años después trabajó junto a Bachelet cuando se inició el caso tsunami, manteniendo una relación de consejos permanentes a la Presidenta.

Bachelet, sin embargo, no ha sido la única personera política que ha requerido sus servicios:  en 2005, fue abogado del cuñado de Ricardo Lagos, Hernán Durán, en el caso MOP-Gate, y en 2006, junto a su ex socio Samuel Donoso asesoró al senador Guido Girardi en los casos Spiniak y Publicam.

Ya en 2010 Hermosilla tomó la representación del empresario Max Marambio en su batalla legal contra el gobierno de Cuba cuando éste lo acusó de cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica, malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio y estafa a través de la empresa Alimentos Río Zasa. Marambio demandó a Cuba ante la International Chamber of Commerce de París y ganó su demanda con un fallo inapelable.

Hoy, en tanto, el abogado asesora a la familia Frei en la querella para esclarecer el asesinato del ex Presidente Frei Montalva.

Hermosilla volvió a marcar presencia pública durante el caso cascadas en 2013, cuando formó parte de la defensa de Julio Ponce. Sin embargo, a los pocos meses de iniciada la causa, el abogado optó por dar un paso al costado. Fue una de las pocas oportunidades en que asesoró a una figura vinculada más a la derecha política y habría sido esta la razón de su salida, ya que cercanos al abogado afirmaron que tomó esa decisión para mantener su perfil más concertacionista.

En el gobierno afirman que Hermosilla mantiene una fluida relación con la Mandataria y que suelen conversar a menudo de temas legales, siendo la voz en este ámbito que más escucha. Fue de los primeros, por ejemplo, en enterarse de la citación en calidad de testigo de Bachelet por parte del fiscal Moya en el marco del caso Caval y su posterior declaración, situaciones que en el propio seno de su familia -donde su nuera Natalia Compagnon es una de las protagonistas de la causa- era desconocida hasta que La Moneda la hizo pública.

Hermosilla es uno de los pocos -además- que ha defendido, en público y privado, la decisión de querellarse de la Mandataria en contra de revista Qué Pasa. Y es que aunque algunos personeros oficialistas -como el ministro del Interior (S) Mahmud Aleuy; el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y el titular de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade- han manifestado su respaldo a la acción judicial, cada vez más crecen las voces disonantes sobre el destino de la primera querella de un Presidente a un medio de comunicación desde el retorno a la democracia en 1990.

Fuente: Edición Original La Tercera

 

Fotografía: El Mostrador

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