La estrategia del gobierno de confrontar al juicio experto con la realidad de las poblaciones fue mal diseñada. Ante sus propios errores, principalmente con el estado de excepción que se propuso, se está intentando transmitir un discurso divisivo entre la gente que conocería la población y quienes no la conocen. Ellos estarían, por supuesto, entre los que tienen calle.
Los dichos del ministro Arrau y de Arturo Squella pueden tener algo de verdad: muchos analistas viven en los mejores barrios de Santiago y casi no salen de allí. De hecho, los más superfluos pueden, de un momento a otro, estar hablando en la radio sobre la delicada crisis de seguridad y después recomendar restaurantes boutique y picadas de ostras (ojalá esto fuera una caricatura).
Esos sujetos son los reyes de la liviandad y pretenden venir a imponer lecciones. Sin embargo, despotricar contra el grupo de expertos que criticó la reforma constitucional, e invitarlos a vivir en las poblaciones, es una fórmula populista, si se piensa desde su verdadero significado. El asunto es que, en alguna ocasión, el Ejecutivo necesitará el apoyo de la “opinología”.
El populismo es uno de los conceptos más disputados y trivializados de las últimas décadas. Antes de que estuviese de moda lo “iliberal” y la “ultraderecha”, la llevaba tachar de populista al rival. No importaban sus características, lo importante era descalificar su persona con un término que, desde el primer instante, le atribuía malas intenciones. Con aquella jugada los argumentos pasaban a un segundo plano ante el predominio de las identidades. La discusión se transformaba así en un pleito entre buenos y malos.
Para quienes se toman en serio el uso de los conceptos, el populismo constituye una ideología delgada que divide a la sociedad en dos polos. Por un lado, se encontraría el pueblo (y con ellos los capos que conocen las poblaciones) y por otro las élites (o sea, los opinólogos y doctores en derecho, según el ministro Arrau).
El populista, en esa línea, es siempre un abajista: él entiende los dolores del bajo pueblo, aunque para entrar a una población tenga que hacerlo ya siendo político y con carros blindados. Se presumiría que los opinólogos no tienen familia o amigos dispersos por Chile; serían mónadas de pura frivolidad.
El gobierno se está adjudicando gratuitamente calificativos que sus líderes se habían empeñado en rechazar, como los de derecha iliberal, autoritaria o populista. Y aunque sus cabecillas intenten ahora ignorar el poder de las descripciones que el discurso público introduce, sus consecuencias terminan apareciendo igual. El enojo del Presidente Kast y de su ministro de Seguridad lo demuestra: parece que la creatividad de los opinólogos importa, porque hace daño. Si fuese irrelevante, no sería tema. Es más, los mismos opinólogos establecieron el consenso unánime de que el estado de excepción constitucional de Arrau era malo.
Era evidente que, desde el comienzo, el gobierno debía cubrir el flanco académico y de opinión. En otras palabras, tenía que integrar y escuchas estas voces. Pero sus altas esferas nunca le tomaron el peso y, al creer que podía controlar y unificar la administración únicamente desde el Ejecutivo, le ha impedido capitalizar sus triunfos y disminuir el tono de las críticas hacia los errores.
La decisión de combatir la opinión pública en lugar de hacer autocríticas es precaria. No obstante, es más complejo todavía desoír los juicios negativos con frases que buscan plebeyizar el debate. Esa decisión revela una cierta inocencia y rusticidad en la comprensión de la política. Cosas similares pueden funcionar en campaña, cuando se utilizan para develar verdades y criticar rivales con nombre y apellido, pero es difícil que tengan efecto para contrarrestar los errores gratuitos acusando a una masa heterogénea y variada.
Por lo mismo, la opinión de los expertos en este caso sí era importante. La Constitución es una herramienta formada por leyes, derechos, instituciones y potestades; en consecuencia, requiere de una técnica imposible de conseguir solo mirando la población o la feria. De ahí que la estrategia elegida por el ministro se vea tosca. Es como si anunciara que proviene de una derecha más ahuasada; esa que, por su complejo de inferioridad, desprecia los libros y los intelectuales y decide combatirlos con trabajo, con hechos.
Entonces, el panorama pareciera configurarse de la siguiente manera: a falta de ideas, se tuvo que echar mano a la del picado y a la descalificación. Correspondía, en cambio, reunir a parte de los cuadros técnicos e intelectuales de la derecha para elaborar una estrategia con el objetivo de erigir una buena propuesta de seguridad o al menos su relato. Si la reforma se hubiese elaborado con socialización previa y consulta a los denostados doctores en Derecho y algunos opinólogos, con toda seguridad el panorama sería diferente. (Ex Ante)
Álvaro Vergara