Un tribunal federal de apelaciones asestó este lunes un nuevo golpe a la administración de Donald Trump, al rechazar la solicitud del Gobierno para retrasar por 90 días la implementación del fallo del Tribunal Supremo que invalidó gran parte de sus aranceles comerciales. Con esta decisión, la Corte de Comercio Internacional queda facultada para comenzar el procesamiento de devoluciones multimillonarias reclamadas por importadores que se vieron afectados por las políticas proteccionistas de la Casa Blanca.

El Gobierno había solicitado el aplazamiento el viernes pasado, argumentando que los “poderes políticos” necesitaban tiempo para evaluar opciones ante el impacto fiscal que supondrá el pago de estos reembolsos. Sin embargo, la justicia ratificó que, tras la sentencia del 20 de febrero —que determinó que Trump no podía usar leyes de emergencia económica para imponer dichos gravámenes—, no hay sustento para postergar la restitución de los fondos a las empresas demandantes.

La reapertura de las ventanillas de reembolso ha desatado una oleada de acciones legales. Actualmente, se estima que existen más de 2.000 demandas en curso o por ser presentadas. Entre las compañías que lideran los reclamos se encuentran:

  • FedEx (logística)
  • Costco (comercio minorista)
  • Revlon (cosmética)
  • EssilorLuxottica (óptica)

Analistas económicos proyectan que el monto total que el Gobierno estadounidense deberá devolver oscila entre los 130.000 y 200.000 millones de dólares. Esta cifra promete generar una presión significativa sobre la salud fiscal de la primera economía mundial, justo en un momento de alta tensión internacional y gasto militar por la ofensiva en Oriente Medio.

DERROTA ESTRATÉGICA PARA EL “AMERICA FIRST”

Este revés judicial representa la mayor derrota legal de Trump desde su regreso a la presidencia. El fallo del Tribunal Supremo ya había socavado el pilar central de su política de “soberanía económica”, y la negativa de apelación conocida hoy obliga al Ejecutivo a enfrentar las consecuencias financieras de forma inmediata. Mientras la administración busca alternativas para contener el flujo de caja, los mercados interpretan esta decisión como una victoria para el sector privado y un límite institucional al uso de facultades de emergencia para fines comerciales. (NP-Gemini-Emol-Agencias)