La tensión geopolítica entre Estados Unidos y China ha encontrado un nuevo foco de conflicto en Chile a raíz del proyecto de fibra óptica Chile-China Express. La decisión de la administración de Donald Trump de revocar las visas al ministro Juan Carlos Muñoz, al subsecretario Claudio Araya y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, responde a una estrategia de Washington para frenar lo que consideran una amenaza directa a la seguridad del hemisferio. Según documentos de inteligencia, la preocupación estadounidense se fundamenta en el control de infraestructura crítica, la legislación china que obliga a sus empresas a colaborar con el espionaje y la rivalidad por el dominio de la economía digital.
Estados Unidos sostiene que, dado que los cables submarinos transportan más del 95% del tráfico mundial de internet, dejar esta ruta en manos de China Mobile —empresa estatal supeditada al control de Beijing— permitiría a la potencia asiática interceptar comunicaciones gubernamentales y militares sensibles. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha reiterado que esta compañía representa un riesgo inaceptable, con capacidad potencial para instalar “puertas traseras” en la red o interrumpir flujos de información en escenarios de conflicto. Esta visión colisiona con la postura de la embajada de China en Chile, que acusa una interferencia en decisiones soberanas y un intento por frenar su expansión tecnológica.
Por su parte, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha defendido el proyecto destacando los beneficios estratégicos para el país: una conexión directa con Asia que reduciría la latencia, la diversificación de rutas para aumentar la resiliencia del sistema y la posibilidad de convertir a Chile en un hub digital regional. Analistas sugieren que el interés de China no se limita a Chile, sino que busca un punto de entrada al masivo mercado de datos en Brasil. Ante la sanción, Boric fue enfático en señalar que Chile es autónomo en sus decisiones y que el Ejecutivo jamás ha realizado actividades que socaven la seguridad nacional o regional.
Esta disputa deja a Chile en una posición compleja, atrapado entre su principal socio comercial (China, destino de más del 50% de sus exportaciones) y su aliado clave en materia financiera e internacional (Estados Unidos). La controversia del cable submarino no es solo una obra de ingeniería, sino el reflejo de una nueva “Guerra Fría” digital donde el control de la información define la influencia política y económica del siglo XXI. (NP-Gemini-Ex Ante)